Economistas y empresarios, divididos por una posible crisis

C. de la Cruz
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La actual coyuntura genera consenso en la constatación de una desaceleración económica, al mismo tiempo que se alerta sobre la incertidumbre generada, pero no existe consenso sobre una futura recesión

Economistas y empresarios, divididos por una posible crisis - Foto: Rueda Villaverde


Una precipitación aislada o un aviso por tormenta. Los analistas y los medios especializados tienen muy claro que actualmente se está produciendo una desaceleración de la economía a nivel global, pero no hay consenso si en el horizonte se atisba una nueva crisis económica mundial.
La inestabilidad política en España, sumada al enfrentamiento comercial entre Estados y China, el desafío del ‘Brexit’, la tensión diplomática entre EEUU e Irán, la subida de los precios del petróleo o el deterioro de la preponderancia alemana, entre otros puntos, parecen anticipar un panorama desolador, pero desde los diferentes sectores se pide máxima cautela, ya que el solo nombramiento de la palabra crisis parece abrir una puerta que nadie quiere abrir.
El profesor titular de Econometría e Historia e Instituciones Económicas y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real, Fernando Callejas, lo tiene claro: «El actual escenario no indica que vayamos a tener una crisis. Podemos hablar de desaceleración, de ralentización, pero no podemos hablar de crisis».
Para Callejas, el actual modelo está más preparado para hacer frente a los posibles vaivenes, ya que «podemos amortiguar los efectos de la ralentización con las exportaciones, además de que no hay un claro sector dominante que se pueda ver más afectado», a diferencia de la crisis inmobiliaria que golpeó con toda su dureza a todo el territorio nacional hasta hace bien poco.
Eso sí, el académico considera que el sector bancario sí puede sufrir más porque «no hay rentabilidad, pueden producirse más fusiones y como no se absorba a la mayor parte del personal puede producirse un problema de índole social».
El economista añade que el principal indicador de que las cosas van mal es el consumo, porque «cuando baja significa que hay miedo y se puede producir una espiral». La advertencia la lanzaba el propio Banco de España el pasado martes recortando cuatro décimas, al 2 %, el crecimiento económico previsto para este año y observando un deterioro de los niveles de confianza de los consumidores y del gasto en bienes duraderos. Ha sido el último y más importante aviso que se ha llevado a cabo en el territorio nacional.
Callejas advierte que en «la región y en la provincia cuando se produce una crisis llega con efecto retardado, el termómetro industrial lo tienen Madrid y Barcelona y el turístico en la costa», pero sí que señala que la mejor manera de afrontar las fluctuaciones es «contar con un poco más de industria para mejorar y contar con productos transformados en las exportaciones», y es que la mayor parte del mercado exterior de la región está dominado por las materias primas.
La propia consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, reconocía el pasado miércoles que la actual situación económica es de incertidumbre, pero  resaltaba los puntos positivos con los que cuenta la región para paliar los efectos de una posible recesión: «En Castilla-La Mancha hay estabilidad política, institucional y en materia de diálogo social para el crecimiento y establecimiento de nuevas empresas. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, tanto geográfica como de infraestructuras».
EMPRESARIOS. El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, es la voz más disonante. Resalta que la situación no es buena y de hecho considera que «desde mi punto de vista se avecina una crisis de consumo e industrial más que financiera».
El momento no permite celebraciones; «aunque en Castilla La-Mancha los números no son malos, todavía no nos hemos  recuperado de la anterior crisis». El principal enemigo en el sector, la mera aparición de la palabra crisis: «Genera mucha incertidumbre, es muy peligrosa».
Para Marín, «hay que tomar medidas incentivadoras a favor de las pymes y autónomos, que somos los que tenemos la mayor parte de los puestos de trabajo de este país», lo que supondría la mejor política social teniendo en cuenta que de las pymes y los autónomos dependen hasta siete familias», lo que permitiría además, tal y como expone, aumentar la contratación de más personal, ya que «si los empresarios no lo ven claro no se contrata a gente».
En definitiva, alerta en el ámbito empresarial y llamada de atención sobre las actuaciones que se deben llevar a cabo por parte de las administraciones.