«La culpa no es de los bancos ni de la burbuja inmobiliaria» como esgrimen dos promotores inmobiliarios de Argamasilla de Calatrava acusados de apropiarse del dinero que un matrimonio les entregó a cuenta de una vivienda cuyo contrato firmaron hace 17 años. La fiscal considera probado que los encausados Luis G. A. y su primo hermano Andrés G. G. son autores de un delito de apropiación indebida. «No destinaron el dinero entregado a cancelar la hipoteca pese a que los compradores habían pagado la totalidad de la casa», subrayó la fiscal tras reiterar que le dieron otro destino a las cantidades entregadas.

La sala de vistas de la Audiencia de Ciudad Real vivió ayer el penúltimo capítulo de un litigio entre un matrimonio y dos promotores inmobiliarios de Argamasilla de Calatrava por la compra de una unifamiliar que 17 años después de firmar el contrato de compraventa no han podido disfrutar pese a haber hecho frente a todos los pagos.

El asunto ha arrastrado a los padres de Luis G. A. que han acabado en el banquillo de los acusados con la misma petición de cinco años de cárcel por estafa que formula el abogado de la acusación particular José Manuel Morales. Según este letrado, los dos promotores han engañado en dos ocasiones al matrimonio. De ahí que considere los hechos constitutivos de un delito de estafa. Sus clientes hicieron un desembolso importante de dinero para la compra de una vivienda que 17 años después no tienen porque los promotores inmobiliarios no cancelaron la hipoteca pese a entregarles el dinero.

En 2004 firmaron el primer contrato de compraventa, en 2006 por cuestiones urbanísticas se cambió por otra segunda vivienda incidiendo los compradores en que no estuviera gravada por hipoteca. «Un engaño tras otro», remarca la acusación particular tras reiterar que ha quedado probado que el matrimonio entregó el dinero en varios pagos, el último en 2011, y se escritura en 2012 por 134.000 euros. Fue entonces cuando, tras advertirles la notario de que la vivienda tiene cargas, el acusado Andrés G. G. les aseveró que estaba solucionado y pagada la hipoteca. Pero no era cierto, no la cancelaron, remarcaron las acusaciones.

Los procesados niegan haberse quedado con el dinero y aseguran que no ha habido engaño y sí voluntad de arreglar las cosas que se torcieron por error de los bancos y la burbuja inmobiliaria. L.G.A. les ofreció un apartamento en Alicante de sus padres valorado en 55.000 euros y un solar, que los demandantes dicen que no han visto.

Los abogados de las defensas refutan las tesis de las acusaciones y piden la absolución.

El caso es que el matrimonio se ha quedado sin vivienda (el banco va a ejecutar), aunque los procesados afirman que tienen dos casas.

También se han quedado sin el dinero: 144.000 euros, asegura su abogado tras señalar que hay que descontar la cantidad que obtengan en el juicio de Puertollano de 55.000 por el apartamento.