La comisión de investigación constituida para dilucidar lo sucedido en la empresa municipal Aguas de Alcázar y su cambio de gestión dará a conocer sus conclusiones después de Semana Santa. Así lo avanzó a La Tribuna su presidente, Juan Garrido, que tras analizar las auditorías y cuentas de los últimos años, considera probado que se produjeron «manipulaciones contables y políticas» que provocaron la quiebra de la empresa.

Garrido, portavoz del grupo municipal de Equo en el Ayuntamiento alcazareño, explicó que la última reunión de la comisión de investigación tuvo lugar la semana pasada con «el análisis de las auditorías y cuentas de Aguas de Alcázar de los últimos 14 años». Una documentación que refrenda, a su juicio, las «argucias políticas y contables» que se llevaron a cabo la pasada legislatura para «provocar la quiebra» de la empresa pública y la posterior entrada de un socio privado (Aqualia), convirtiendo de este modo la sociedad en mixta. Entre las acciones que motivaron que Aguas presentara un patrimonio neto y un fondo de maniobra negativos, el presidente de la comisión apunta al «cambio de la deuda de largo a corto plazo» y «unas obras por valor de casi un millón de euros que la empresa no facturó al Ayuntamiento y que pasaron a contabilizarse como pérdidas».

La comisión de investigación sobre Aguas de Alcázar quedó  constituida el 25 de mayo de 2017, fruto de una reivindicación de Ciudadanos (grupo sin representación en el Consistorio) planteada durante la primera Mesa del Agua, a la que posteriormente  se sumaron otros colectivos interesados en la remunicipalización de Aguas de Alcázar. Unos meses antes, en el Pleno de febrero, se aprobó la creación de esta comisión especial gracias a una moción presentada por Equo y apoyada por PSOE e IU. El objetivo, según informó el Ayuntamiento, «dilucidar lo sucedido con el cambio de gestión de Aguas de Alcázar, en especial aquellos aspectos relacionados con la supuesta deuda que originó la quiebra de la empresa y obligó al anterior Gobierno a optar por una gestión mixta de este servicio público».

proceso judicial. Mientras tanto, el proceso de remunicipalización iniciado por el Ayuntamiento de Alcázar esta legislatura sigue en los tribunales. La última noticia al respecto se produjo en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación presentado por la empresa Aqualia contra la sentencia que estimó el recurso de apelación de la exconcejala socialista Ana Belén Tejado en relación a Aguas de Alcázar.

El acuerdo del Alto Tribunal, fechado a 29 de octubre de 2018, cayó como «un jarro de agua fría» en las filas de los grupos municipales que apostaron por la remunicipalización de la hoy empresa mixta desde el principio de la legislatura. El propio Juan Garrido, en declaraciones a este diario, hizo hincapié en que la decisión definitiva del Supremo sobre este caso se alargará «dos o tres años más».