La última Memoria de la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha confirma que los delitos contra el patrimonio (robos y similares) presentan un bajo grado de esclarecimiento por parte de las fuerzas policiales. Un ejemplo palmario viene en el caso de robos con fuerza (violentando puertas u otras vías de acceso) en locales. Si el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge que durante 2017 las Fuerzas de Seguridad recogieron un total de 7.776 denuncias por este tipo de delito, la Memoria de la Fiscalía señala que en el mismo año sólo se instruyeron 2.449 diligencias por esto hecho. O sea, el grado de esclarecimiento, con la localización de un posible autor de estos robos, alcanza apenas uno de cada tres casos. 

Para entender esto, hay que tener en cuenta primero que los robos con fuerza en locales como viviendas o establecimientos suelen cometerse aprovechando la ausencia de los mismos de los propietarios u otro ocupante legal del inmueble, desde arrendatarios a trabajadores. Esto complica la presencia de testigos que puedan identificar de algún modo a los asaltantes.

A partir de ahí, también hay que tener en cuenta la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, que impide a la Policía Nacional y Guardia Civil derivar la denuncia de un delito a los Juzgados hasta que no sea capaz de identificar a un sospechoso de la fechoría. El resultado de esto ha sido una desvinculación de las estadísticas de la Fiscalía con las policiales, que han quedado como las únicas fiables para medir la evolución de los fenómenos delictivos. Esto pudo verse ya con la comparación de los datos de Fiscalía de 2015, que reflejaban 20.453 robos con fuerza en la región, y 2016, con la reforma legal citada en vigor, en la que esta modalidad delictiva bajaba a 3.411 casos.