j.a.j. / toledo

La evolución de la delincuencia es un indicador de la situación general de una sociedad, y también aquí puede entreverse un estancamiento de la recuperación tras la última crisis económica. Así puede entenderse la referencia que se hace en la última Memoria de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, relativa al año pasado, sobre la evolución de los delitos más íntimamente vinculados a situaciones de necesidad vital como la carencia de un techo o de suministros básicos como electricidad.

En concreto, la Memoria advierte que «rompiendo la tendencia de años anteriores, ya no se registran descensos en algunos delitos tradicionalmente  asociados  a  las  dificultades  económicas,  como  son  los  de  defraudación  de  fluido  eléctrico y análogos, usurpación e insolvencias punibles». 

Yendo a las cifras de la Memoria, se observa como las usurpaciones, denominación penal de las ocupaciones de inmuebles, registraron el año pasado un repunte en la región de un 12 por ciento, hasta alcanzar las 514. Esto rompe una tendencia de dos años de descensos, ya que pasaron de 1.016 en 2015 a 707 en 2016 y y 458 en 2017. 

En cuanto a la defraudación de fluidos eléctricos y análogos, los enganches ilegales a suministros de luz o agua, en 2018 tuvieron una disminución en Castilla-La Mancha de sólo el uno por ciento, quedándose en 77. Se va frenando así una reducción de este delito, el cual también alcanzó su máximo reciente en 2015 con 153 casos registrados en los tribunales. De ahí se bajo a 115 casos en 2016 y 78 en 2017.

El tercer delito de esta categoría comentado por la Fiscalía es el de las insolvencias punibles, aquellas en las que se han realizado diversos actos ilícitos para dificultar un resarcimientos a los acreedores. En 2018 crecieron en Castilla-La Mancha un 138 por ciento, hasta situarse en 62. Aún así no ha alcanzado su máximo reciente, los 81 casos de 2014, momento a partir del cual este delito entró en una senda descendente rota ahora. De este modo, hubo 55 casos en 2015, 30 en 2016, y 26 en 2017. 

Crecen los robos con violencia ante tribunales. Ya en un examen general de los delitos contra el patrimonio, la suma total de diligencias previas por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico recogidas en la Memoria de la Fiscalía arroja en Castilla-La Mancha para el año 2018 un total de 11.309 frente a las  11.934  de  2017. Esto supone una reducción del cinco por ciento. Ahora, estos delitos contra el patrimonio suponen aproximadamente un 20 por ciento del total de los cometidos en Castilla-La Mancha. Por  provincias,  el  descenso  en  las diligencias abiertas por este tipo de ilícitos penales  es  mayor  en  Ciudad  Real  (19 por ciento)  y  Cuenca  (14 por ciento)  que  en  Albacete  o  Toledo,  donde  prácticamente  se  repiten  las  cifras  del  año  anterior.  Por  el  contrario,  la  provincia de Guadalajara experimenta un ascenso del 17 por ciento.

La Memoria también alerta de un crecimiento de los robos con violencia o intimidación de los que tuvieron conocimiento los tribunales durante el año pasado de un 19 por ciento, hasta llegar a un total de 949. Esto rompe la tendencia al descenso del último lustro.

Si bien tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2016, las Fuerzas de Seguridad sólo envían a los juzgados los atestados de delitos con un presunto autor identificado, en el caso de los robos con violencia puede deducirse un amplio grado de esclarecimiento, ya que los delitos denunciados en 2018 son sólo un poco mayores que los pasados a instrucción judicial. Así, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, se denunciaron en la región un total de 973 robos con violencia en la región. Las denuncias recibidas por este delito, por cierto, se redujeron un cinco por ciento. La Memoria de la Fiscalía señalan que, de esta cantidad, se instruyeron en juzgados unos 949.

En cuanto a los robos con fuerza en las cosas, por ejemplo con la rotura de puertas o ventanas para acceder a un inmueble, la Memoria de la Fiscalía los cuantifica en 2.392, con una reducción del dos por ciento en 2018. Lo cierto es que en este delito se observa un grado  de esclarecimiento -identificación de un sospechoso- cercano al 30 por ciento, ya que se denunciaron  7.401 robos de este tipo en 2018 según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Según la Memoria, experimentan descensos importantes, en términos absolutos y relativos, dos de las categorías más  representativas  del  grupo,  como  son  el  hurto  y,  sobre  todo,  los  daños,  y,  en  menor  medida,  la  receptación de mercancía robada. Los hurtos caen un 11 por ciento, quedándose en 1.794; los daños se reducen en un 31 por ciento, cayendo a los 1.766; y la receptación disminuye un 12 por ciento, quedándose en  68 casos.