La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha ha elevado alegaciones al anteproyecto de ley de extinción de Cámaras Agrarias, sugiriendo extremos como la convergencia de la PAC, la mejora del presupuesto en el Plan Nacional Apícola, más coordinación en el trabajo diario de entidades colaboradoras o buscar solución a los propietarios de tierras de colonización.

Tal y como explican desde la organización agraria, este problema surge de la ley de Desarrollo Agrario de los años 70 en los pueblos de colonización, en los cuales se adjudicaron tierras a los colonos, y huertos para autoconsumo a los trabajadores. Es una normativa desfasada que genera muchos problemas a la hora de escriturar y registrar a los propietarios o herederos.

Donde más incidió la organización agraria es en la supresión de la tutela administrativa a explotaciones agrarias familiares. De esta forma se facilita la transmisión a los nuevos titulares, resolviendo un problema histórico.

Desde UPA se refieren a las explotaciones agrarias familiares o comunitarias de los artículos 21 y siguientes del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Según este, quedarán exentas de la aplicación del régimen de autorizaciones que establece el artículo 28.1 de la citada Ley, siempre y cuando sus titulares o causahabientes hubieran satisfecho la totalidad del precio que pudiera haber quedado aplazado en el momento de otorgarse la escritura de transferencia de la propiedad.

Para adecuarse a esta situación, los titulares de este tipo de explotaciones, en cuyas escrituras figuren estas restricciones, deberán solicitar la cancelación de las mismas ante los Registros de la Propiedad correspondientes, sin más limitaciones que las que resulten de las demás normas especiales que aún fueran de aplicación, de las normas generales que regulan la propiedad inmueble y de las vigentes en cada momento en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo.

Argumentan, además, que existe el problema para la transmisión de los huertos familiares que en su día se utilizaron para cubrir las necesidades más elementales de consumo directo de los trabajadores agrarios en muchas localidades de la región, como Albacete, Cuenca, Toledo o Ciudad Real.

El problema derivado a nivel legal es obvio y son muchos los pequeños agricultores que exigen una solución para no incurrir en ilegalidades o vacíos legales y, sobre todo, realizar cuando corresponda, la transmisión de bienes, su registro, entre otros trámites administrativos.