El Gobierno de Pedro Sánchez se ha tomado un respiro durante este verano para coger impulso ante un otoño que se vislumbra muy intenso con la negociación de los Presupuestos de 2022, tirante con su socio de coalición a consecuencia de cuestiones como la Monarquía, la ley de vivienda, la crisis migratoria o la subida del precio de la luz y muy enconado con la oposición conservadora que ni siquiera ha dado tregua al Gabinete durante la época estival.

Después de celebrar el último Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto y con una remodelación profunda del Ejecutivo que ya ha echado a rodar, Pedro Sánchez puso rumbo a Palma de Mallorca para mantener el tradicional despacho con Felipe VI. La rueda de prensa posterior al encuentro le sirvió al presidente para volver a sacar pecho de la gestión de su Gabinete, como ya había hecho días antes a modo de balance del curso políticos. Sin autocrítica y presumiendo de la campaña de vacunación y de los datos económicos, el socialista repitió los mismos mensajes a la salida de la cita con el Monarca. Desde la isla balear se marchó a La Mareta (Lanzarote), el Palacio construido por el rey Hussein de Jordania que luego le regaló a Juan Carlos I, quien lo cedió a Patrimonio Nacional, para descansar unas semanas antes de la próxima reunión de su Gabinete, que previsiblemente tendrá lugar antes de que acabe agosto.

Una reunión que marcará el inicio del nuevo curso político, que seguirá condicionado por la pandemia de la COVID y sus consecuencias económicas. Es precisamente en los Presupuestos y en los fondos comunitarios donde el Gobierno fía la recuperación del país, con unas previsiones de la Comisión Europea para España del 6,3 por ciento para 2022.

Sin negociación

Más allá de los datos financieros, que podrían dar un respiro al Ejecutivo si, por ejemplo, siguen el ejemplo del paro en julio con una caída histórica, el líder de la oposición, Pablo Casado, tiene lista su artillería para las grandes cuestiones de otoño, empezando por las Cuentas Públicas sin perspectiva de negociación y mucho menos de acuerdo.

Continuará el popular con la crisis catalana, ya que la mesa del diálogo -la segunda tras una primera en febrero de 2020- se celebrará en septiembre y para Casado este foro no es más que una nueva rendición de Sánchez ante el separatismo, que no piensa renunciar a poner sobre la mesa temas como la amnistía de los presos indultados y el referéndum independentista.

Habrá también choques a cuenta de la ley de Memoria Democrática y por los fondos europeos, entre acusaciones de incapacidad para ejecutarlos o dudas sobre el destino que se les va a dar.

Y luego está la cruzada por la renovación pendiente de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, que PSOE y PP se acusan mutuamente de bloquear. 

¿Moción de censura?

De Vox puede esperarse una nueva moción de censura contra Sánchez, como han dejado caer aunque sin concretar, ya que han instado a Casado a liderar la iniciativa parlamentaria. Sin embargo, los populares ya han avanzado que no piensan utilizar esa herramienta para intentar derrocar al presidente, ya que las Cuentas en el Congreso «no dan». Lo que busca Santiago Abascal, moción mediante o no, es reactivar su proyecto con un acto multitudinario en octubre bajo el lema España en pie, después de llevar algunos meses perdiendo fuelle en las encuestas.

Por su parte, Ciudadanos ha vuelto a situarse en este bloque de conflicto frontal con el Gobierno, sobre todo debido a Cataluña, tras el paréntesis de los acuerdos sobre los estados de alarma, y todo apunta a que ni entrará en la negociación presupuestaria con el convencimiento de que el jefe del Ejecutivo ya ha elegido a sus apoyos independentistas y nacionalistas para todo el viaje legislativo. Por tanto, perderán todo el foco que los naranjas tuvieron en la negociación de las Cuentas de 2021 y que Sánchez les dio.

Tensión interna

La relación del presidente con sus socios de Podemos parecía haberse relajado un poco después de que Pablo Iglesias dejara el Ejecutivo y la política, aunque la autorización del Gobierno de una OPA parcial de Naturgy a un fondo australiano, la ampliación del aeropuerto de El Prat, la subida del precio de la luz (han llegado a amenazar con salir a la calle como ya hicieron cuando gobernaba el PP y los costes energéticos se dispararon) y la devolución de los menores inmigrantes llegados a Ceuta han suscitado las críticas de la parte morada del Ejecutivo. Además, la nueva secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también ha vuelto a la carga atacando a la Monarquía y al Rey Emérito por su marcha a Abu Dabi.

En todo caso, las fricciones que siguen enfrentando a los dos partidos pueden subir mucho de tono durante la negociación presupuestaria, aunque ahora el peso de los morados en la coalición recae en Yolanda Díaz, con un talante más sosegado, pero también consciente de que la subida de la luz, la OPA de Naturgy y la ampliación del Prat pueden no ser entendidas por su potencial electorado. Es probable, además, que haya encontronazos entre ambas partes, sobre todo por la reforma laboral y la regulación de los alquileres, comprometidos en el pacto de Gobierno, y también roces por la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la exigida reforma fiscal de Podemos.

A nivel interno, la fuerza morada podría aprovechar el arranque del curso para tocar a alguno de sus cinco ministros, aunque es algo que fuentes de la formación descartan en este momento.

Con sus socios de investidura, en concreto con ERC, los socialistas han mejorado el clima tras los indultos a los presos del procés o el traspaso a la Generalitat de 56 competencias, aparte de la ampliación de El Prat, y la relación avanza por ahora con la mesa de diálogo. Pero esto no quiere decir que el Gobierno tenga el camino andado con los republicanos de cara a los Presupuestos y, de hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que no incluirán en las Cuentas concesiones políticas.