Piden casi la máxima pena por tráfico de especies protegidas

Pilar Muñoz
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Uno de los agentes que intervino en la operación llevada a cabo por el Seprona y en los registros donde hallaron animales protegidos y en peligro de extinción disecados

La fiscal de Medio Ambiente pide para el acusado de comerciar con especies amenazadas y en peligro de extinción casi la máxima pena en el primer juicio en Ciudad Real en aplicación de convenio Cites

La fiscal de Medio Ambiente de Ciudad Real, Arancha Vinuesa, pide casi la máxima pena que contempla el Código Penal para un hombre acusado de traficar con especies amenazadas y algunas en peligro de extinción. El Código Penal castiga estos hechos delictivos con penas de prisión de seis meses a dos años y, según ha podido saber La Tribuna, la fiscal solicita 20 meses de cárcel para el acusado, además de multa e inhabilitación especial para ejercer una profesión u oficio relacionada con los animales durante cuatro años.
El juicio, que aún está pendiente de señalamiento, es el primero que se va a celebrar por un caso de tráfico de especies protegidas y en peligro de extinción en aplicación del convenio CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), indica a este diario la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, quien destaca el trabajo realizado por los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real.
La operación se cerró a primeros de junio del año pasado tras varios meses de investigación que llevaron hasta dos individuos, uno vecino de la localidad ciudadrealeña de Villamayor, por «comerciar con animales protegidos como una pantera, un puma, patas de elefante...», recuerda la fiscal de Medio Ambiente, quien explica que ofrecían estas especies protegidas y piezas de animales a través de un página de internet. Aunque fue difícil llegar hasta los presuntos traficantes, los investigadores de la Guardia Civil consiguieron localizar estas personas. Después, con el preceptivo mandamiento judicial, se procedió a la entrada y registro.
Una vez cerrada la operación policial y practicada la instrucción, la fiscal formuló escrito de acusación por un presunto delito de tráfico de especies amenazadas y en peligro de extinción. Al final, sólo se ha podido formular acusación contra uno de los dos investigados, ya que para el otro la acción penal había prescrito.
Hechos. La Guardia Civil informó en junio de 2018 de la detención de dos hombres de 40 y 49 años, vecinos de Villamayor, en la provincia de Ciudad Real; y San Roque (Cádiz), como presuntos autores de un delito contra la fauna por tráfico ilegal de especies protegidas. En el domicilio de uno de ellos se intervino una pantera negra, patas de elefante y un puma disecado, entre otras piezas.
La investigación se inició en diciembre de 2017 cuando se detectó la venta de un puma naturalizado en un anuncio de un conocido portal de internet. Los agentes del Seprona comenzaron a tirar del hilo y comprobaron que además ofrecían otras especies taxidermizadas, como las mencionadas patas de elefante y una pantera negra. Las pesquisas les llevaron hasta el presunto responsable y el lugar donde se hallaban los animales disecados.
Otros juicios. La Fiscalía de Medio Ambiente también lleva otros asuntos de gravedad relacionados con el maltrato de animales. El próximo mes de mayo se enjuiciará el envenenamiento de perros en Almodóvar del Campo. En 2016 fueron hallados seis perros de aguas con síntomas de envenenamiento. Las investigaciones confirmaron las sospechas y se procedió a la detención del presunto autor.
El juicio está previsto que se celebre el próximo mes mayor en el Juzgado de lo Penal número 1, según ha avanzado a este diario la fiscal delegada de Medio Ambiente de Ciudad Real.