«La pobreza tiene cara de mujer y añado cara de mujer pensionista» es de la declaración de intenciones con la que se realiza el informe La Pobreza tiene cara de mujer, por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Un documento que fue presentado ayer y que no solo aborda la brecha que existe entre lo que cobran jubilados y jubiladas, unos 6.000 euros anuales, un 37,5 por ciento menos para ellas, sino que además pone sobre la mesa una serie de medias que ya se aplican en otros países, para evitar la brecha de género actual, y para impedir que las futuras jubiladas sigan en una situación de menos ingresos que sus parejas.

Para llegar a esas conclusiones hay que tener en cuenta que 1,5 millones de mujeres en España perciben pensiones por debajo de los 500 euros, el umbral de la pobreza, a las que se suma otro millón de mujeres mayores de 65 años que no reciben ningún ingreso, ya que la pensión es la de su marido. De hecho, tres de cada cuatro mujeres solo pueden acceder a una pensión no contributiva, se indica en el informe, presentado ayer por Charo Tapia, Carmen Nieto, y Amalia Fernández-Espartero. Estos son motivos para que la coordinadora se sume a los paros feministas del 8 de marzo, para avanzar que participarán en la protesta de Ciudad Real y en todas las concentraciones. «Esto tiene origen, causa y efectos reales», dijo Tapia, quien expuso que «la crisis económica ha afectado a todas las mujeres» y que existe una bolsa de mujeres que viven solas, sin cuidados familiares o residenciales, y que tienen lo justo para costearse «los gastos más necesarios».

En el lado de las propuestas, la coordinadora plantea que aquella viuda o viudo sin ingresos diferentes a la de la pensión de viudedad «tenga derecho a percibir íntegra la que correspondería al cónyuge fallecido». También se propone que se dé de alta y se pague la Seguridad Social a quienes se dediquen a los cuidados, para evitar que existan esos vacíos sin ingresos por estas personas. Por último desde la coordinadora de pensiones se mantiene la exigencia de que haya una subida lineal de todas las pensiones mínimas con el objetivo de que cualquier jubilado de España cobre al menos 1.084 euros, «como marca la Carta Social Europea». Además reclaman mejoras para acelerar los expedientes del sistema de dependencia.