El Ministerio de Justicia aprobó, a través de un Decreto Ley, declarar hábiles del 11 al 31 de agosto para todos los procedimientos judiciales, cuando lo habitual es que ese mes no lo sea. El objetivo es reactivar los juzgados y tribunales tras el parón provocado por el estado de alarma debido al COVID-19, por lo que la medida implica que durante este período los juzgados permanecerán abiertos, se celebrarán juicios y se podrán interponer demandas y querellas, lo que ha obligado a los profesionales de la abogacía y la procura a tener como compañero de viaje a su ordenador portátil. 
Abogados y procuradores se han quedado este año sin vacaciones, por lo que no es de extrañar el “descontento y resquemor” generalizado que hay en el sector. Así lo comenta el abogado Juan Carlos Rodríguez, del despacho Indo Iuris, quien argumenta que “el atraso que acumulan los juzgados no se debe al COVID sino a la falta de medios de Justicia”, por lo que asegura que habilitar las últimas semanas de agosto “no ha tenido mucho sentido”. Opinión que comparte el presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, quien, en declaraciones a este medio, lamenta que la medida “ha sido un trampantojo del Ministerio para intentar ocultar las absolutas deficiencias que desde hace muchos años ha incurrido la Administración de Justicia tanto en el ámbito tecnológico como en el de personal”. Y esto, continúa diciendo, no se soluciona habilitando 20 días en el mes de agosto.   

Sin duda, un mes atípico para la abogacía, que ha visto limitadas sus vacaciones a una semana escueta (del 1 al 10 de agosto) y tacha la medida de “absurda y ridícula”, ya que, según Arteche, “solo ha servido para fastidiar al gremio de abogados y procuradores y limitarnos el disfrute de nuestras merecidas vacaciones”. El sector asegura que el sacrificio ha sido “inútil” y el esfuerzo “no ha servido de nada”, máxime cuando «jueces, letrados de la administración de Justicia y resto de funcionarios están de vacaciones”, lo que implica que aunque los abogados “presentemos escritos estos no se tramitarán si el resto de operadores jurídicos están de vacaciones”, declara la abogada María Manzano. Y es que, “los abogados y procuradores, aunque seamos parte privada, somos también operadores jurídicos como lo son los fiscales, jueces y funcionarios, por lo que tenemos el mismo derecho al descanso y a la conciliación. Todos formamos parte de ese mismo engranaje que es la Justicia”, añade Juan Carlos Rodríguez. 

Teresa García es procuradora y asegura que los juzgados “están a medio gas”. Desde hace años, y al igual que sus compañeros, agosto está marcado en rojo en el calendario para “desconectar y hacer vida familiar”, algo que este año se ha visto truncado con la nueva medida. “Tocaba trabajar y hemos cambiado de destino pero con el ordenador a cuestas”. Abrir el correo, revisar plazos y recordar vencimientos se ha convertido en una tarea habitual para abogados y procuradores en este mes de agosto que “no les ha permitido desconectar”. Un mes “atípico” donde esta medida de habilitar agosto “no ha servido de nada” para alcanzar el objetivo del Ministerio que era dar un empujón a la Justicia tras los meses del estado de alarma, sino todo lo contrario, argumenta García, “acumular más trabajo de lo que había” y que el portátil “haya hecho más kilómetros”.