Una vez recibido el visto bueno en el Pleno ordinario de marzo, el Ayuntamiento solicitará al Estado un anticipo de participación de los ingresos del Estado (PIE) por valor de 720.000 euros a devolver en ocho meses, reduciendo el PIE mensual en 90.000 euros y sin ningún tipo de coste financiero. El acuerdo se adoptó por mayoría absoluta de los ediles del PP. Durante la sesión quedó explicado que a pesar de la recuperación económica municipal, se vienen registrando «tensiones de liquidez» motivados principalmente por el importante intervalo de tiempo transcurrido entre la generación de los gastos derivados de los servicios sociales y los ingresos que provienen de los convenios sociales con la Junta, además del impacto que ha tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el plan extraordinario de empleo, que hasta el momento ha tenido que afrontar al 100% el Ayuntamiento, según expuso el concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo. El edil, que confió en que a partir de mayo se resuelva el problema estructural vinculado con los convenios sociales, recordó que la cuantía de los servicios sociales prestados en Daimiel, sin tener en cuenta planes de empleo, superan los tres millones de euros con los datos de 2017, de los cuales poco más de 1,7 millones correspondían al Ejecutivo regional. Los usuarios aportaron 350.000 euros y el resto, más de un millón de euros, los pagó el Ayuntamiento de Daimiel. Una cantidad, explicó, «que no ha dejado de subir en esta legislatura». Este hecho supone pagar un millón de euros por «unas competencias impropias» y anticipar, en algunos casos, casi un año entero, lo que se traduce en cerca de otros dos millones. «Una situación insostenible que hay que resolver», reclamó Sánchez de Pablo, mientras justificaba así la solicitud al Ministerio de Hacienda con el anhelo de que se haga efectivo el adelanto en tres semanas, como ocurrió el año pasado. Sánchez de Pablo corroboró que pese a la «complejidad» de la liquidez, los datos presupuestarios son «muy positivos». Del informe de seguimiento del Plan de Ajuste se desprende que el remanente de tesorería para gastos generales quedó corregido en ejercicios pasados, y que en 2018 se sitúa por encima de los dos millones de euros. En cuanto a la liquidación definitiva de Emumasa, el concejal lamentó que no se haya formalizado el acuerdo alcanzado con Gicaman.