PSOE y Ciudadanos han hecho frente común contra las ocupaciones ilegales de viviendas, un fenómeno que se ha extendido por varias comarcas de la región. Ambas formaciones se han apoyado mutuamente en sus propuestas para atajar esta cuestión al término de un debate sobre el asunto promovido por el partido naranja en el Pleno de este lunes en las Cortes.
La resolución de Ciudadanos, como explicó su diputado Alejandro Ruiz, reclama «medidas duras» sobre todo al Gobierno de España, pero no olvida poner deberes al regional. A este último se le reclama que prive de ayudas sociales a todo condenado por participar en una ocupación.

El PSOE pide dejar a ocupas sin empadronamiento.

Por su parte, la propuesta del PSOE apoyada por Ciudadanos es más escueta que la del partido naranja, pero también incide en la idea de marginar a quienes practiquen la ocupación de los beneficios del estado de bienestar. Así, proponen que el Gobierno central reforme la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos no tengan que empadronar a quienes presenten como domicilio un inmueble que hayan ocupado. Esto supone, en la práctica, que estas personas y sus familias quedarían privadas de una herramienta que les permite el acceso a diversos programas sociales.

Hernando reclama una fiscalía específica contra las ocupaciones.

En sus discursos durante el debate, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, insistió en criticar las ocupaciones ilegales de vivienda, desvinculándolas del drama de los desahucios ocurridos durante la última crisis. Para atajar el fenómeno, propuso entre otras medidas la creación de una fiscalía específica regional contra las ocupaciones.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz se felicitó de que el PSOE castellano-manchego quiera afrontar el problema de las ocupaciones, pero dudó que el conjunto del partido socialista esté en esta dinámica debido al pacto que mantienen para gobernar en España con Unidas Podemos, formación a la acusó de fomentar las ocupaciones.
En la misma acusación incidió la diputada regional del PP Gema Guerrero, quien acusó a los socialistas de no preocuparse por estas ocupaciones hasta producirse su denuncia por el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez. Reprochó a Gutiérrez que su actuación se debió al efecto de las ocupaciones en Escalona, localidad  de la que es alcalde.