Ante la Justicia. El PP presentó ayer, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma educativa del Gobierno, conocida como Ley Celaá (Lomloe) porque, según remarcó el líder de los populares, Pablo Casado, el texto «es un atentado contra las libertades». Además, confirmó que si llega a Moncloa tumbará la normativa aprobada por el Ejecutivo de coalición.
Junto al presidente de UPN, Javier Esparza, que también firmó el recurso que estudiará el Constitucional, el jefe de la oposición eligió un colegio concertado para anunciar esta demanda, como un gesto contra una ley que, a su juicio, es un «atentado contra la libertad» de elección de centro educativo, lo cual supone una amenaza para la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad. En el acto, estuvo acompañado de la presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, y el director del centro que sirvió como escenario, Juan Ramón de la Serna.
Asimismo, el líder de los populares defendió la «legitimidad» del PP para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo «desde el principio» con el PSOE, que fracasó, al tiempo que recriminó al Ejecutivo de haber elaborado y aprobado el texto sin pactarlo con la comunidad educativa y sin el informe pertinente del Consejo de Estado. «Y, además se ha tramitado en pleno estado de alarma por la pandemia», recordó.
Más allá de la libertad de elección de los padres, Casado alertó de que la Ley Celaá «ataca al castellano como lengua vehicular en toda España». «Lo que resulta ridículo es que, además, se utilice la lengua como instrumento de ingeniería social para intentar tejer esos compartimentos estancos en las comunidades autónomas donde el nacionalismo está gobernando, como es el caso de Navarra, como es el caso del País Vasco, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Baleares o, por supuesto, de Cataluña», recalcó. El desprecio al castellano, según el líder popular, destruye la unidad del sistema educativo, al igual que lo hace el «uso torticero de la enseñanza al servicio de intereses partidistas». Algo que, según remarcó, sucede con esta normativa, que además deriva la inspección educativa a las comunidades.
Falta de calidad
Por otro lado, los conservadores creen que la Ley Celaá va contra la calidad educativa porque permite «pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluido las troncales», y rechaza las evaluaciones de conocimientos y una EBAU nacional para el acceso a la universidad.
Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, criticó que esta es una norma que «rompe con el consenso educativo y recorta derechos». «No sobran los motivos para presentar este recurso de inconstitucionalidad que lo que busca es paralizar este ataque frontal a los derechos de las familias en primer lugar, pero luego también buscar el consenso, que es lo que necesita esta país», recalcó.
En este sentido, ambos desvelaron que se intentó convencer a Foro Asturias, Coalición Canaria, PNV e incluso a «algún partido catalán» de la necesidad de paralizar la norma. Sin embargo, su debate parlamentario coincidió con el de los Presupuestos del Estado, cuya negociación «prevaleció completamente».