Ha costado. Castilla-La Mancha tiene nueva Ley de Bienestar Animal, pero lo que se culminó esta tarde fue una normativa que se empezó a trabajar en 2009. Han tenido que pasar once años, cuatro legislaturas, tres presidentes autonómicos y 1.029 alegaciones. El consejero que ha conseguido hoy el apoyo del Parlamento, Francisco Martínez Arroyo, fue el que inició esos trabajos en 2009, pero entonces era director general de Producción Agropecuaria.

La ley salió con bastante consenso de las Cortes, pero no con unanimidad. El PSOE, que tiene mayoría absoluta, aprobó todos sus artículos. Ciudadanos hizo lo mismo salvo en uno que votó en contra porque lo había enmendado para detallar más la situación de las colonias felinas. El PP se abstuvo en casi todos los artículos de la ley, pero votó en contra en aquellos para los que había presentado enmienda.

¿Y qué trae de nuevo esta normativa? El consejero explicó que llega con un catálogo amplio de prohibiciones, como las mutilaciones estéticas de uñas, rabos u orejas, la entrega de animales como premios o con motivos publicitarios, su exhibición en escaparates o su uso atados en atracciones de feria.

Pero también hay excepciones. Aunque la normativa afecta a todos los animales en general y no solo a los domésticos, se salen de la misma los que tienen regulaciones propias como los que se utilizan en festejos taurinos o en producción ganadera. En el caso de la participación en circos, se limita a los animales salvajes.

Martínez Arroyo destacó que esta normativa pone el objetivo de «sacrificio cero» en Castilla-La Mancha, fomentando otras alternativas como la acogida. También destaca que el acceso con animales a recintos será lo que ha de darse por entendido a no ser que haya prohibición expresa. Antes funcionaba al revés. La prohibición de acceso con animales era lo que se daba por entendido, a no ser que se permitiera expresamente.

El PP avisa de que el artículo que impide la venta entre particulares es inconstitucional

El portavoz del PP, Emilio Bravo, pidió al consejero que devolviera el texto de la ley al Consejo Consultivo, aunque sabía que no lo iba a hacer. Y no lo hizo. Bravo argumentaba que en el último informe de este órgano que revisa las leyes de la Junta había un voto particular sobre un artículo que limita la venta de animales entre particulares. El diputado del PP avisó de que eso podría ir en contra de la Ley de Unidad de Mercado y que el Tribunal Constitucional ya había tumbado un artículo similar de la ley riojana. El consejero defendió su texto, pues señala que lo obliga la ley es a conformarse en núcleo zoológico para poder hacer esa venta y que eso da más garantías, porque exige la supervisión veterinaria.

Esta no fue la única pega que tuvo el PP sobre la ley. Bravo se quejó de que la normativa deja muchas competencias en manos de los ayuntamientos, que en muchos casos no tienen recursos. Puso como ejemplo la recogida de cadáveres, de animales abandonados o el control de población de palomas. «Se pretende que caigan en los municipios toda la responsabilidad y los gastos, lavándose las manos la Junta», criticó.