Solo con meras sospechas, conjeturas, no se puede condenar a dos personas por pequeña que sea la pena que se solicita. Así se puede resumir el alegato del abogado Miguel López que defiende a Lourdes F. U. y a su marido Fernando U. H. del delito de tráfico de drogas por el que se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Fuera aguardaba un buen número de familiares y amigos, mientras se enjuiciaban los hechos por los que fueron detenidos hace quince meses en Puertollano.

La fiscal del caso considera que ha quedado "plenamente" acreditado que el matrimonio encausado se dedicaba a la venta de sustancias estupefaciente en su vivienda de la calle Callao de Puertollano y en otras dos aledañas utilizadas para el tráfico aunque la cantidad de droga hallada fuera insignificante. La fiscal ha basado su exposición en el informe de los policías ratificado en el plenario. El inspector jefe y seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía han manifestado ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que la detención de los procesados se produjo en el marco de una investigación "típica" en una zona donde se venden drogas para corroborar las informaciones que tenían al respecto. Han dicho que las labores de vigilancia "constataron" el delito de tráfico de estupefaciente y que procedieron al registro de la vivienda aún sabiendo que "habría poca cantidad de droga" y que "intentarían deshacerse de la que tuvieran". El inspector jefe ha indicado al Tribunal que la gente que se dedica a la venta de sustancias tóxicas en casa sólo tienen la necesaria para ir vendiendo y para alegar consumo propio en caso de un registro policial.

El inspector ha asegurado que "el delito está demostrado" por el trasiego de personas a la vivienda y por las intervenciones de sustancias tóxicas a algunos consumidores.

Otro agente ha manifestado que cuando entraron sus compañeros en el domicilio para el registro vio caer a la calle un monedero con papelinas de cocaína preparadas para la venta, si bien es cierto que no puede decir que lo tiraran los acusados. Los policías han insistido en que el delito está probado aunque sólo se ha hallado siete gramos de cocaína y ocho de cannabis.

En las actuaciones también consta que en una de las casa encontraron una especie de plantación indoor de marihuana. 

Siete en un año. El abogado de los procesados ha puesto el acento en que los policías sólo han identificado a siete personas en un año de investigación. El letrado ha refutado el argumento del Ministerio Fiscal y ha asegurado que no se ha acreditado que sus clientes se dedicaran a la venta de drogas en su casa. "Sólo se ha hallado un gramo de hachís, que era para consumo propio. No se ha encontrado en su casa balanza de precisión ni otros elementos propios del tráfico y la cantidad de dinero encontrada es fruto de su trabajo en una empresa de recogida de basura", ha remarcado el abogado Miguel López tras poner en tela de juicio el trabajo policial. En la vista oral "solo tenemos las manifestaciones de los agentes que no gozan del rigor necesario". En este contexto, ha dicho que «con una simple averiguación patrimonial habrían visto que está dado de alta desde 1990» y el dinero intervenido en su casa y la de su hijo, casi 30.000 euros, no procede de actividad ilícita alguna, de la droga, como sostiene la fiscal, sino de su trabajo. También se ha preguntado por qué el Ministerio Fiscal no ha citado a ningún testigo. «No han traído ni a un testigo protegido. No hay prueba de cargo» contra sus clientes que en el uso al derecho a la última palabra han dicho: «somos inocentes».