De fecha clave en fecha clave, el comienzo de la segunda parte de la legislatura se pospone de forma paulatina como consecuencia de un calendario político que no deja de dar sorpresas, cierto que unas más previsibles que otras. El segundo aniversario de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tuvo ya su balance en la comparecencia de fin de año del jefe del Ejecutivo. Ahora, para que comience la nueva etapa es preciso esperar al 30 de enero, momento en el que se votará el decreto ley de la reforma laboral, o más tarde si se tramita como proyecto de ley.
Hasta ese momento queda por delante la negociación de los acuerdos con las fuerzas políticas pendientes del resultado de las negociaciones ya iniciadas con sus socios de legislatura que aún se muestran reticentes a firmar su apoyo. Resultaría incomprensible y difícil de entender que la reforma pactada a tres bandas no saliera adelante, pero todo es posible en un panorama político no solo volátil sino a veces inconsecuente. A pesar de ser una propuesta "de país" para la que Sánchez pidió ayer "formalmente" el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pese a la reiterada negativa de hacerlo por parte del PP.
Pero finales de enero es solo una estación intermedia, porque apenas mes y medio después se celebrarán las elecciones autonómicas en Castilla y León y todo lo que se hace, se dice, se acuerda o se desacuerda se interpreta en modo electoral. Los resultados de esos comicios y su lectura posterior condicionarán los siguientes meses. Si la victoria del PP es contundente y no necesita a Vox -o solo le basta con su apoyo externo-, y Pablo Casado sale reforzado y se sacude la sombra de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la oposición del PP se hará todavía más dura, menos proclive a lograr ningún tipo de acuerdo y el que menos el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al PP, además, le ha puesto más fácil las cosas el desliz ganadero del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus inoportunas declaraciones del que rápidamente se ha demarcado la parte socialista del Gobierno, que tratará de que otras leyes que afectan a actividades consustanciales a la vida en la España vaciada guarden una cuarentena antes de su debate, para no empeorar sus expectativas electorales.
La interpretación de Pedro Sánchez es que la actuación del PP está motivada porque se siente "rehén" de la ultraderecha, y en un cierto sentido es así, a tenor de sus actitudes y sus propuestas en muchos campos en los que resulta difícil diferenciar las de uno y otro partido. Tras las elecciones en Castilla y León la atención se centrará en Andalucía a la espera que sus ciudadanos sean convocados a las urnas y como en el caso de Castilla y León las perspectivas no pueden ser más halagüeña para los intereses del PP.
Si se tiene en cuenta que para Sánchez la pandemia no ha sido solo una rémora sino 'un acelerador" de su actividad legislativa, si quiere recuperar terreno no le queda más remedio que tratar de volver a consolidar su mayoría legislativa –aunque le perjudique la apreciación de Pablo Casado de que lo califica como el gobierno más radical de Europa-. Y no será hasta entonces cuando la legislatura entre realmente en su segunda etapa y aborde más reformas económicas inexcusables.