La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado este miércoles ante el Pleno de las Cortes regionales el inicio del proceso de revisión de las condiciones mínimas que deben cumplir centros como las residencias de ancianos en la región, tras la controversia generada por el especial daño que la epidemia de coronavirus causo entre sus usuarios.

En  concreto, Sánchez anunció  que este mismo jueves día 30 arranca la consulta pública que permitirá recabar sugerencias para un nuevo decreto que regule las condiciones mínimas en medios sanitarios y de otro tipo que deben tener centros de estas características.

La consejera recordó que la norma actual se emitió en 2011, pero en 2013 (coincidiendo con la etapa del PP en el Gobierno regional) tuvo modificaciones «muy restrictivas», entre otros ámbitos, en el personal sanitario que deben tener estas residencias. Por ello, avanzó que la consulta pública va a permitir valorar necesidades presentes y futuras en muchas áreas y aspectos, incluyendo condiciones de habitabilidad, acreditaciones de calidad de la asistencia ofrecida, y permitir el uso de sus servicios por personas no residentes.

Reserva de material sanitario.

Por otra parte, el Plenario de la Cámara rechazó una proposición no de ley del Partido Popular en la cual se instaba a la creación de una reserva estratégica de material sanitario en la región.

Desde el PSOE se criticó la propuesta del PP como prescindible, toda vez que el gobierno regional, con el apoyo de Ciudadanos, ya ha presentado una propuesta de ley para crear esa reserva estratégica, con la idea de aprobarla en agosto por vía de urgencia.