El Supremo confirma la condena por el laboratorio de cocaína

Pilar Muñoz
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El Alto Tribunal resuelve que no se ha vulnerado el derecho de las comunicaciones ni la presunción de inocencia y ratifica las penas para los seis procesados

El Supremo confirma la condena por el laboratorio de cocaína - Foto: Rueda Villaverde

El fiscal Carlos G. Santorum se mostró firme y seguro en su convencimiento en base a la prueba y elevó a definitivas su petición de condena para los seis encausados por el laboratorio de cocaína descubierto en una finca agrícola de Alcázar de San Juan en 2016. El juicio se celebró en marzo de 2019, en abril fueron condenados y recurrieron la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse con una resolución firme que ratifica la sentencia dictada por los magistrados de la Sección Segunda y da la razón al fiscal Carlos G. Santorum.  

Los seis procesados fueron condenados a penas de entre seis y ocho años de cárcel, que ahora tendrán que cumplir al ser firme la sentencia del Tribunal Supremo, que les condena también en costas.

Los abogados de los procesados pusieron a prueba al magistrado presidente de la Sección Segunda y   en tela de juicio el trabajo de la Policía y la instrucción hasta el punto de pedir la nulidad de la prueba por considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales tras acusar a los  agentes de la Unidad de Drogas y  Crimen organizado (Udyco), incluido el jefe, de mentir.

Ahora el Supremo responde con argumentos de peso a los motivos planteados en el recurso de casación por los abogados de los sentenciados James Robert P. V, colombiano de 48 años; su hijo Edison Alexandre P. M., de 27; Alexandre G. C.; de 42; Edison B. A., de 28; Rocío B. B., 26; y Javier F. R., de 36 y vecino de Alcázar de San Juan.

El Alto Tribunal analiza y refuta con prolijidad cada uno de los motivos en una extensa sentencia  en la que desestima los argumentos de los letrados de la defensa.

No se han vulnerado el derecho de las comunicaciones (las escuchas) ni la presunción de inocencia, según dictamina el Supremo, que ratifica la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real que juzgó probado que los encausados, todos de nacionalidad colombiana salvo uno que es español y residente en Alcázar,  montaron en una finca agrícola de este término un laboratorio de cocaína. La citada finca tenía dos construcciones principales y otras accesorias, estando rodeado su perímetro por un vallado que impedía el acceso al interior, al estar recubierto por una tela verde, arbustos y brezo, que dificultan la visión del interior. A pesar de ello y todas las medidas que adoptaron para evitar ser descubiertos, la Policía desmanteló la organización y se incautó de 31 kilos de cocaína, 24 en el laboratorio. La Policía inició a las averiguaciones en septiembre de 2015 y 2016 se descabezó la red.