El manto protector del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no tuvo que ser desplegado en toda su amplitud el pasado año. De hecho, este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, que se encarga de abonar a los trabajadores los salarios impagados e indemnizaciones pendientes cuando la empresa se declara insolvente, en concurso de acreedores o se disuelve, auxilió en la provincia a 269 trabajadores en 2019, un número muy bajo comparado con los tiempos más duros de la crisis cuando era habitual superar los dos millares de empleados rescatados.

De hecho, este ‘seguro de vida’ ha disminuido considerablemente sus compromisos, lo que es un excelente indicador del descenso de la conflictividad laboral y del buen comportamiento empresarial. Así, esos 269 trabajadores de 2019 permiten retrotraerse a otros tiempos  lejanos y de hecho es el segundo mejor dato de la serie histórica que publica el Ministerio de Trabajo desde 2003, sólo superado por los 246 de 2008.

Pero no es el único indicador que ratifica que 2019 fue un buen año para la estabilidad laboral. Sólo 138 empresas dejaron sin pagar salarios o indemnizaciones a sus trabajadores en la provincia, número similar a los sumados en los años anteriores a 2008, momento en el que comenzó la depresión económica. A partir de 2009 comenzaba una curva ascendente cuando se superaban por primera vez los dos centenares de empresas afectadas y alcanzaba su punto máximo en el periodo 2012-2014, lapso en el que  las firmas insolventes o en concurso rebasaron en casa anualidad la barrera de las 700 compañías.

La adecuadas pautas y los esfuerzos en la mediación se esconden detrás de la bajada de los expedientes de regulación de empleo.

Pagos. Otro punto que refrenda la buena dirección económica fue que el montante que tuvo que asumir el Fogasa fue de 2.058.410 euros, 1,1 millones menos que en 2018 y 14,5 millones menos que cinco años antes.

Además, el pago medio, entre salarios indebidos y percepciones relativas a las indemnizaciones, se situó en 7.652 euros, una cifra muy superior a los 2.805 euros que se abonaba en 2004. La razón, la mayor antigüedad de los trabajadores afectados por los procesos de disolución empresarial frente a aquellos que perdían su trabajo en los años previos a la crisis, momento del boom inmobiliario con un alto porcentaje de empleados jóvenes.

Más allá de los datos se evidencia una recuperación que comenzó a apreciarse en 2016 y que se hizo más evidente a partir de 2017. Así, 2019 fue el cuarto año consecutivo en el que descendió el número de trabajadores y empresas afectadas, así como los salarios e indemnizaciones pagadas por el Fogasa; tres partes de un mismo cuerpo que en 2015 tuvo su hito negativo con más de 16.6 millones de euros de indemnizaciones y 2.547 trabajadores rescatados.