El sistema de dependencia es una de las claves de los próximos presupuestos del Estado (PGE). Esta semana fuentes del Ministerio de Sanidad apuntaban que, por primera vez, la lista de espera en España había aumentado, a la espera de recibir financiación y de que los PGE incluyan las partidas correspondientes al aumento de usuarios de los servicios o de los beneficiarios de las ayudas económicas. Hoy saldrán los datos por comunidades autónomas del mes de julio y se confirmará o no lo avanzado el pasado fin de semana en varios medios por el Ministerio y que podría ser el primer retroceso en el conjunto de España en dependencia tras años de descenso de los que Ciudad Real ha sido una de las provincias más beneficiadas. Para ello, la Junta de Comunidades contrató más personal para reducir una enorme lista de espera, de más de un tercio de todas las personas a las que podía beneficiar.
«El principal el avance que ha tenido el sistema de dependencia ha tenido que ver con la contratación de 43 personas desde el inicio de la legislatura y eso ha venido a reforzar y apoyar los servicios de dependencia de todas las provincias», explicó la viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Junta de Comunidades, Ana Saavedra. En este sentido, las personas pendientes de recibir las ayudas han caído en un 91,5 por ciento durante la última legislatura, mientras quienes están pendientes se han reducido a la mitad entre los últimos datos publicados, hasta junio de 2019, y las cifras con las que comenzó la pasada legislatura en julio de 2015.
Si se pone el acento en el proceso por el que se ha ido reduciendo dicha lista de espera hay que tener en cuenta que en julio había 1.375 personas pendientes de valorar y 7.478 personas que tenían reconocido su grado de dependencia y la ayuda pero aún no habían recibido la carta por la que se le concede una ayuda económica o se le deriva a un servicio. En enero de 2017, la cifra fue de 790 y 6.181 respectivamente; y en marzo de 2018, de 647 y 1.827. Por último en junio pasado el dato es de 752 y 637 respectivamente, lo que muestra un avance y prácticamente la desaparición de las personas con el grado de dependencia reconocido y sin ayuda.
No se trata solo de datos sino también de tiempo, una de las claves, cuando se habla de dependencia, ya que Saavedra recuerda que al inicio de legislatura la espera media era de trece meses desde que se registra la solicitud hasta que se otorga el programa individual de atención, el PIA, como se conoce al documento. En la actualidad el proceso lleva un «mes o mes y medio» para que los técnicos dicten la valoración del grado de dependencia y otros tres meses para el PIA. «Desde que una persona lo solicita hasta que se resuelve de media cuatro mese y medio», apuntó Saavedra.
Hay que tener en cuenta que la espera en la dependencia no solo ha bajado para las personas de Grado I, el más bajo de dependencia, que ha pasado de 6.827 al inicio de la legislatura a los 321 con los que ha concluido sino que también ha ocurrido en los grados II y III, los de los grandes dependientes, que han caído a la mitad de 651 a 316. «Es verdad que los grandes dependientes requieren de servicios más especializados y residencias o centros de día pero estamos avanzando en la generación de nuevas plazas de residencias y la reducción es más que sustancial e importante», recordó la viceconsejera sobre estos datos.