El Consejo de Ministros lanzó ayer su flotador, en forma de Real Decreto-Ley, a las aguas turbulentas en las que se había convertido el programa Renta Universidad, que pretendía ofrecer a los estudiantes universitarios una financiación ágil y con condiciones asequibles para poder hacer frente a los pagos de sus estudios superiores pero que se acabó convirtiendo en una trampa que empujaba a muchos al precipicio de los embargos. El Estado, en espera del refrendo del Congreso, ha decidido reprogramar a 15 años los pagos para aquellos préstamos que superan los 22.000 euros, que serán los únicos que deberán devolver las cantidades prestadas. En la Universidad de Castilla-La Mancha este programa benefició en su día a 924 alumnos, según las cifras recabadas por este diario, y supuso un montante de 13,32 millones de euros. En el calendario de cuotas para su devolución todavía había pendientes 9,3 millones de euros, y ya se acumulaban impagos por valor de 250.000 euros, según cifras del ICO.

Entre los años 2007 y 2011, el Ministerio de Educación ofreció estas ayudas dirigidas a los estudiantes de posgrado. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) actuó entonces como «agencia financiera del Estado», y fueron 924 los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha que accedieron a ellos: 229 el primer año, 220 el segundo, 286 en el tercero y 119 en la última convocatoria. La media de los créditos solicitados era de 14.400 euros, por lo que la medida de gracia del Ejecutivo central podría favorecer a todos los alumnos, aunque dependerá del caso particular de cada uno.

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