El pasado 5 de diciembre se cumplió un año de la entrada en vigor de la prohibición generalizada de cazar en los parques nacionales. Entre ellos, el Parque Nacional de Cabañeros, formado por 40.856 hectáreas de superficie y de las que más de 18.000 son de titularidad privada (44%). Tras un año sin poder cazar, los propietarios de las fincas privadas ubicadas en el Parque Nacional de Cabañeros han presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un expediente de responsabilidad patrimonial exigiendo así una indemnización por los daños y lesiones que han sufrido sus bienes ante la pérdida de la caza. De esta manera, cada finca ha elaborado de forma particular una valoración de las pérdidas que le ha ocasionado la eliminación de la actividad cinegética en sus cotos incluidos en el parque de cara a recibir una compensación económica con la que cubrir los perjuicios.
Rafael Sánchez, ingeniero de Montes y director técnico de dos de las fincas privadas de Cabañeros, traslada, en declaraciones a La Tribuna, el «disgusto y el malestar de los propietarios» al ver cómo «el Estado, una vez más, no cumple con las leyes que ellos mismos hacen». «Todo esto es una injusticia», reclama al tiempo que recuerda que tras la llegada de la nueva normativa se iniciaron conversaciones con el Ministerio que dirige Teresa Ribera y con el Gobierno regional para intentar llegar a varias líneas de acuerdo. Entre ellas, la indemnización de los derechos de caza. En este sentido, la ley de Parques Nacionales establece un periodo de seis años para llegar a un acuerdo y, de no producirse, se iniciará un procedimiento expropiatorio.
Pero otra de las alianzas que se tenía que haber sellado es la relativa al control poblacional de los ciervos, y «donde tampoco se ha producido ningún avance». Para ello se diseñó un plan de control poblacional cuyo borrador consideró «correcto» la propiedad. El objetivo, explica, era hacer varios controles poblacionales en esta temporada, pero a pesar de que el Gobierno regional se comprometió a acelerar el trámite lo máximo posible, «no ha sido así», lamenta. Desde octubre, continúa explicando, no tenemos noticias y el documento ni siquiera se ha presentado a información pública, por lo que «todo está paralizado y se va a perder una temporada entera de caza para poder hacer estos controles tan necesarios».
Una situación que preocupa a la propiedad, que ve cómo dos años de inactividad (uno debido a la pandemia), están provocando ya daños en la vegetación. «La administración va a unas velocidades que para los propietarios es inadmisible», subraya al tiempo que declara que por parte del Parque «no ha se ha producido ni una visita para comprobar el estado de conservación de las fincas». «Estamos dentro del parque pero abandonados porque las fincas se están deteriorando día tras día».
desde los ayuntamientos. Junto a la propiedad privada están los ayuntamientos que tienen montes de utilidad pública en pleno Parque Nacional de Cabañeros. Es el caso, por ejemplo, de Horcajo de los Montes, que cuenta con unas 240 hectáreas de coto de monte público. Su teniente alcalde, Javier Camarena, teme que la pérdida de caza en el parque acelere la despoblación y el paro. Aunque de momento «los propietarios de fincas están manteniendo al personal» los efectos de la nueva normativa se han notado en los jornales de la montería, ya que «no se ha dado ninguna desde el año pasado», lo que ha conllevado también a la desaparición de dos rehalas de la zona, dijo.
Asegura que la celebración de una montería conlleva que entre 15 ó 20 personas trabajen en esas fincas, como rehaleros, carniceros, veterinarios, secretarios y un largo etc. Sin olvidar tampoco los ingresos que se genera en los alojamientos y restaurantes de la comarca. En este sentido, Carmarena saca la calculadora y hace números de lo que una montería puede generar en la localidad, y que puede superar los 26.400 euros. Y es que, «cuando hay una montería se nota porque el pueblo está lleno de gente».
Navas de Estena es otra de las localidades que se encuentran en pleno Parque Nacional de Cabañeros. El Ayuntamiento tiene unas 800 hectáreas de caza de monte público y solían celebrarse dos monterías cada temporada, lo que «provocaba que mucha gente acudiera al municipio los fines de semana motivada por la actividad cinegética», y eso, lamenta, se ha perdido. La prohibición de la caza ha influido también, reconoce, en la pérdida directa de ingresos a las arcas municipales al no poder arrendar la caza, ya que, aunque «no suponía ni el uno por ciento del presupuesto anual, era una partida bien recibida». En relación al empleo que esta actividad y las fincas privadas generan en el municipio manifiesta que los puestos de trabajo en las fincas privadas del parque «han disminuido en los últimos 20 años» si bien «es muy difícil conocer la relación causa-efecto».