La Fiscalía ha elevado a nueve años la petición de inhabilitación al alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, acusado de prevaricación en la adjudicación de obras del tanatorio municipal durante los años 2014 y 2015, en el juicio celebrado en la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que queda visto para sentencia.
El fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, en la segunda sesión del juicio, consideraba probado que “el alcalde conocía que no podría ajustarse al presupuesto inicial” para la construcción del tanatorio, el cual partía con una cantidad inicial de 90.650 euros que superó finalmente los 300.000 euros. La secretaria del Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo testificó que el 5 de agosto de 2014 había presentado un informe en el que advertía que esos 90.650 euros representaban el 9,7 por ciento del presupuesto del Consistorio, muy cercano al 10 por ciento que obliga a la licitación pública de proyecto en lugar del proceso de administración, tal y como se realizó la construcción del velatorio mediante el Decreto firmado por la alcaldía a 7 de agosto.
Ese 10 por ciento se superó incluso en la fase inicial de las obras, puesto que la arquitecta municipal reconoció que la excavación del terreno y la propia cimentación provocó un aumento de los gastos, así como posteriores añadidos al proyecto como 100 m2 más de construcción y el añadido de un porche. Y a ello se sumaba el informe de la Consejería de Sanidad de 28 de agosto de 2014, que señalaba la necesidad de añadir un grupo electrógeno, lo que a su vez incrementaba el coste de construcción. Entre otras irregularidades, las obras arrancaron a principios de agosto, a tenor de lo expuesto por los testigos, antes del dictado favorable de Sanidad de 18 de septiembre de 2014 para iniciar los trabajos.
Entre diciembre de 2014 y enero de 2015, la secretaria del Ayuntamiento advirtió que llegaban facturas con costes que, en su conjunto, superaban ese 10 por ciento del total del presupuesto municipal marcado por la normativa para la adjudicación de obras por licitación pública, además de que sería el Pleno el órgano competente y no el alcalde. La secretaria, según lo expuesto, comunicó al alcalde la situación, pero no se modificó el procedimiento. Asimismo, los contratos menores superaban los 18.000 euros y el año de duración añadiendo irregularidades a un proceso constructivo que se fue realizando a cargo de las diferentes subvenciones que fue recibiendo el Consistorio.
En el juicio también quedaba claro que se rompieron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, ya que en abril de 2014 se procedió a la contratación directa de dos trabajadores para realizar reformas en la piscina municipal y el cementario en lugar de convocar un concurso público de oposición, a lo que la defensa replicó que se realizó por “vía de urgencia”. Los trabajadores, que testificaron en el juicio, fueron empleados posteriormente en las obras del tanatorio.
Con todo ello, la Fiscalía, y la acusación popular que ejerce el grupo municipal X Puebla, que denunció las irregularidades y que estuvo representada por María Luisa Fernández, se mantenían en la petición de inhabilitación, con la modificación de elevar la pena a nueve años, de acuerdo a la ley de 2015. Ambas partes exponían que el acusado no se puede excusar en que “anteriores alcaldes así lo hacían” y en que “no se leía los informes de secretaría”, añadiendo Huete que “incluso podría tratarse de calificación agravatoria con ilegalidad continuada”. La defensa mantuvo que “el acusado tuvo la convicción interna de estar actuando justamente” y por tanto apelaba al “elemento formativo por falta de formación”.
El acusado. Venancio Rincón señaló que “llegué como alcalde en 2011 con toda la buena intención del mundo de ayudar a mi pueblo y creo que lo he hecho nada malo. Nunca pensé que estaba haciendo nada malo, nada ilegal, y podré ir por mi pueblo con la cabeza alta”. Sus palabras provocaron el aplauso de parte de los asistentes, lo que motivó el desalojo de la sala por parte de la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Carmen Pilar Catalán.