El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas celebrará este viernes una reunión de la junta directiva en la que se pondrá sobre la mesa la posibilidad de incrementar un 10% la producción por hectárea para la próxima vendimia, más otro 10% adicional para elaborar vino sin marchamo de calidad. El presidente de la Interprofesional, Jesús Martín, explicó que es una opción que recoge el pliego de condiciones ante situaciones excepcionales como la vivida este año. Martín espera que los miembros que conforman la DO asistan a esta reunión, ya que es un acuerdo «muy importante» para los viticultores, que podrán incrementar su poder adquisitivo «entre 5.000 y 20.000 euros, según las hectáreas que cada uno posea». «Lejos de vendimiar en verde como recomienda el Ministerio de Agricultura, la DO Valdepeñas necesita más materia prima para abastecer los mercados a futuro». Si esta medida no sale adelante, existe riesgo de «descalificar toda la cosecha» por un exceso de producción, porque «todas las parcelas se pasarían de kilos». Con esta medida, solicitada por las asociaciones de industriales Asevivaldepeñas, liderada por Félix Solís, y Maestros Bodegueros, se establecería un máximo de 8.250 kilos por hectárea para tintas y 8.800 para blancas, muy lejos todavía del límite de los 18.000 kilos por hectárea marcado por el Ministerio de Agricultura para todas las denominaciones de origen.

Guerra de operadores. Preguntado por el informe que encargó al secretario de la DO Valdepeñas, Jesús Martín mostró su malestar por la «filtración parcial» de un documento que era «confidencial» y no descartó solicitar a los servicios jurídicos de la casa que abran una investigación para dirimir responsabilidades. En este sentido, pidió sin citar a los dos grandes operadores, Félix Solís y García Carrión, que resuelvan sus guerras «sin ensuciar el nombre del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas». «No pueden manosear el honor de Valdepeñas y sus viticultores», insistió Jesús Martín, para hacer hincapié en que toda la documentación relativa a posibles fraudes «fue remitida desde su llegada en 2016 a la Interprofesional a la Consejería de Agricultura, que es la encargada de inspeccionar y sancionar, en su caso, y ahora también a la Fiscalía». «La Administración regional no ha mirado para otro lado», insistió el presidente de la DO, que recordó que ya se abrieron tres expedientes sancionadores a otros tantos operadores y que la Junta «está trabajando en más expedientes relativos a la comercialización de 2019 y no tengo dudas de que cuando acabe, también habrá más sanciones». Afirmó, por último, que en estos momentos no puede dimitir «por responsabilidad», pero dejó la puerta abierta a hacerlo más adelante.