El martes arranca el juicio contra el alcalde de Puebla

La Tribuna de Ciudad Real
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La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al construirse un velatorio municipal

El martes arranca el juicio contra el alcalde de Puebla - Foto: Fotos Rueda Villaverde

El alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, se sentará el martes en el banquillo acusado por la Fiscalía por un delito de prevaricación por el que pide ocho años de inhabilitacion para empleo o cargo público cuando se planteó la construcción de un velatorio municipal y para el que el acusado, "a sabiendas sin adecuarse al procedimiento legal para ello, contrató, adjudicó y ejecutó las obras directamente en régimen de Administración y utilizando la forma de contrato menor, obras que no fueron objeto de licitación pública y que superaban con creces los límites legales previstos para dicha forma de contratación, haciendo caso omiso a los informes realizados por la Secretaría del Ayuntamiento, procediendo asimismo a la contratación de trabajadores para las obras del citado velatorio de forma directa y arbitraria y totalmente irregular, pese a conocer esta circunstancia", dice la Fiscalía.

Así, según el escrito de acusación, el arquitecto municipal elaboró un proyecto básico para la construcción con presupuesto inicial de 90.650 euros, "resolviendo el acusado mediante Decreto de fecha 7 de agosto de 2014 la ejecución de la obra por el procedimiento de administración por considerarlo el procedimiento adecuado para ello". En octubre de 2015, el arquitecto municipal emitió informe sobre el proceso de construcción de las obras en el que hacía constar que se había producido una modificación en el proyecto inicial que conllevaba a la ampliación de obra y de la superficie construida, considerando que para la correcta legalización de dichas obras debería realizarse un proyecto final de las mismas.

El 5 de agosto de 2014, la Secretaria del Ayuntamiento, según la Fiscalía, emitió informe en el que ponía de manifiesto que si bien el presupuesto inicial de la obra era de 90.650 euros, y que entraba dentro de las competencias del Alcalde puesto que alcanzaba el porcentaje del 9,77% del presupuesto local, aconsejaba que al ser un límite cercano al 10%, que la normativa marca para que sea competencia del Alcalde o del Pleno, que fuese este el que tomara la decisión de aprobar dicho proyecto de obras, advirtiendo la Secretaria municipal en el informe que si no se cumple ningún requisito legal, la obra debería sacarse a licitación pública. El 22 de enero de 2015, la Secretaría municipal volvió a emitir informe en el que concluía que, a la vista del gasto de las obras del velatorio municipal superaban el 10% de los gastos ordinarios del presupuesto local, el Alcalde no sería el competente para la aprobación del proyecto, sino el Pleno. Asimismo, se hacía constar que, puesto que si se superan los límites legales para un contrato menor, dicha obra debería adjudicarse por licitación, así como formalizarse el contrato por escrito. También se concluía en el informe que "hay que tener en cuenta las irregularidades que está sufriendo la obra, incluso desde el momento de hacerlo por administración, cosa que no se está cumpliendo, así como por la tramitación del expediente y adjudicación de contratos de manera ilegal, sin seguir el procedimiento legalmente establecido", recoge el escrito de la Fiscalía.

El 23 de febrero de 2015, la Secretaria municipal emitió otro informe insistiendo en las irregularidades puestas de manifiesto en los informes anteriores y manifestando igualmente la obligación legal de adjudicar las obras del velatorio por licitación pública. El 10 de abril de 2014, un nuevo informe de la Secretaria municipal advirtió "que se estaba produciendo una contratación irregular de tres trabajadores, dos de los cuales, J.J.B.F. y A.L.G., trabajarían contratados irregularmente por el Ayuntamiento en las obras del velatorio, pese a conocer el Ayuntamiento la ilicitud de su contratación".

El 6 de octubre de 2015, otro informe la Secretaria municipal reflejó las mismas irregularidades anteriores, según la Fiscalía, "añadiendo que el hecho de que algunos contratos menores superaran el año de duración, lo que determinaba la necesidad de recurrir al procedimiento negociado para la tramitación de la citada obra, haciendo nuevamente caso omiso a los citados informes por parte del acusado".
En la relación definitiva de gastos de las obras del velatorio municipal presentada por el Ayuntamiento, dichos gastos ascendieron a 309.861,46 euros, así como se abonaron al proveedor F. Y B. 34.765,66 euros, por suministros de materiales; a un proveedor, 95.025,17 euros por suministro de materiales; y a otro, 34.065,99 euros por suministro de materiales; y por los gastos originados por los trabajadores J.J.B.F. y A.L.G., "contratados ilegalmente, se abonaron 39.936,39 euros", justifica el relato del fiscal