Quién le iba a decir al Emérito que se acabaría convirtiendo en "una patata caliente" para la Administración del Estado, incluida su propia Casa. Las últimas exigencias para su regreso, relatadas por el solvente periodista José Antonio Zarzalejos, y la decisión del juez británico sobre la demanda de su antigua amante, Corinna Larsen, complican aún más su hipotético retorno.

De momento, el hecho de que la fiscalía española haya decidido prorrogar el plazo para cerrar la investigación sobre su patrimonio, permite a Zarzuela posponer la decisión. Pero es que, además, el juez británico puede decidir que, tras la abdicación, Juan Carlos I ha perdido la inmunidad, como reclama el abogado de Larsen. Se le acusa de seguimiento ilegal, difamación y acoso.

Ante este panorama, todavía causa más extrañeza que el ex Jefe del Estado pretenda volver a la que fue su residencia, el palacio de la Zarzuela, donde su hijo lleva a cabo las tareas de su cargo, recibiendo a mandatarios extranjeros y se reuniéndose con el Gobierno. Y qué decir de la asignación mensual que le fue retirada cuando se descubrieron sus cuentas en paraísos fiscales y hubo de regularizar con Hacienda. Posiblemente, los dos años que lleva fuera le han alejado de la realidad social española y no asume el rechazo que sus "correrías" despiertan en la opinión pública y el coste que para la institución y su propio hijo suponen.

Escuchar a la antigua amante, a quien transfirió la jugosa suma de sesenta y cinco millones de euros, además de joyas y propiedades, describir el "dolor mental, alarma, ansiedad, angustia y pérdida del bienestar" que ha sufrido por la persecución del Emérito, da cuenta de la catadura moral del personaje y las relaciones de riesgo de quien entonces era el Jefe del Estado.

El Gobierno, que ha dejado la decisión en manos de Felipe VI, sabe que la prórroga de la investigación y la demanda en Gran Bretaña cierran la puerta a una vuelta antes del mensaje de Navidad y la Pascua Militar del seis de Enero. Las dos actuaciones destacadas de su sucesor.

Defienden los monárquicos de pro que a sus ochenta y cuatro años de edad, con una movilidad muy reducida, no se puede correr el riesgo de que fallezca en este pseudo exilio, y apelan a su papel en la Transición. Conviene recordar que también su abuelo Alfonso XIII murió en Roma, en 1941, en plena represión franquista, y habiéndose marchado voluntariamente de España, tras las elecciones municipales que dieron paso a la República.

Antes de plantearse el regreso, los españoles se merecen una explicación sobre aspectos de su gestión que, en la medida que están amparados por la inviolabilidad, no forman parte de la esfera privada.