El fiscal pidió al jurado empatía para con las dos mujeres, madre e hija, a las que Manuel José Yébenes arrebató la vida de forma alevosa y «traicionera» la mañana del 13 de febrero de 2017 en su casa de Daimiel. Ana Belén Ledesma, de 46 años y natural de la localidad albaceteña de Bienservida, vio cómo su marido Manuel Yébenes acababa de 15 puñaladas con la vida de su hija Ana María Pérez de 18 años.

Jesús Gil, fiscal delegado autonómico contra la Violencia de Género en Castilla-La Mancha, inició su alegato en la sala del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial diciendo que hablaba en nombre de las víctimas cuya voz silenció el acusado y pidió al jurado (siete hombres y dos mujeres) que haga justicia en nombre de las víctimas y que no se deje llevar por la imagen que ha intentado proyectar el encausado: un hombre débil, apocado, incapaz de tomar decisiones por sí mismo, con dificultades para entablar relaciones y con problemas de salud mental. Circunstancias que aduce su abogada Marisol Ortega, que pidió al jurado un veredicto de inculpabilidad (absolución) y en el caso de que sea condenado que solicite el indulto por los acontecimientos que rodearon los hechos y que la letrada entiende que han quedado acreditados.

La defensa aseguró que «Manolo es una buena persona, excelente, que se comportó muy bien con las hijas y nieto de su mujer» tras sostener que tiene «una discapacidad intelectual de tipo esquizoide» y, ante la ruina económica a la que dice que le llevó su mujer, «obró con arrebato, obcecado», arguyó en relación a los dos crímenes.

El fiscal rechazó de plano los argumentos de la defensa porque no se sostienen. En el juicio (empezó el lunes con la selección del jurado) se han presentado numerosas pruebas que según el fiscal han demostrado que Manuel Yébenes, pintor de profesión en la empresa gestionada por su hermano, mató a su mujer Ana Belén y a su hija Ana María con «alevosía de género» y ensañamiento. «Fue un ataque súbito, repentino, traicionero». A su mujer le asestó nueve cuchilladas. Tras recibir las primeras pudo llegar al rellano del piso para pedir ayuda a los vecinos. «No huyó de la escena del crimen, fue en busca de ayuda pensando en su hija. Puede haber mayor dolor para una madre que ver morir a su hija acuchillada a manos de su marido», subrayó el fiscal, quien aseveró que los informes de los médicos forenses dejan claro que el procesado estaba en su sano juicio. «No es borderline, ni padece trastorno mental alguno como quiere hacer ver la defensa», recalcó Jesús Gil, quien considera que no se puede hablar de arrebato, obcecación ni de confesión.

«Una vecina y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local lo encontraron con el cuchillo ensangrentado en la mano, en la puerta de su vivienda de la calle Arenas de Daimiel, y solo cabía admitir el hecho», adujo el fiscal, quien del mismo modo aseveró que tampoco se ha mostrado colaborador ni arrepentido. Por tanto, a su juicio, no hay circunstancias que le eximan de la responsabilidad penal ni que atenúen la pena.

Explicó que en modo alguno ha colaborado, ya que no ha aclarado cómo y por qué las mató. En el juicio solo ha respondido a preguntas de su abogada, con monosílabos sin prácticamente decir nada, solo que le arruinaron la vida, un hecho que no ha quedado acreditado y en todo caso jamás podría justificar dos asesinatos. Ni Ana Belén ni su hija Ana María tuvieron posibilidad de defensa, las pilló por sorpresa y empezó a acuchillarlas en el cuarto de baño, en el pasillo ...

La escena del crimen lo corrobora, las estanterías y el resto de mobiliario aparecen en su sitio, solo hay sangre. «La frase del acusado: ya he hecho lo que tenía que hacer, y la patada que dio al cadáver de su mujer, diciendo está muerta, es un claro signo de la violencia machista que hay que condenar», aseveró el fiscal Jesús Gil.

En términos similares se expresaron los letrados de la acusación particular Teresa Ontanaya y Mariano López, quien cuestionó la ruina económica, que la víctima hubiera dilapidado 300.000 euros en dos años como sostiene la defensa. Por ello, pidió al jurado que se fije en los extractos bancarios del acusado en 2014, cuando conoció a la víctima: algo más de 128.000 euros. Además, insistió en que la mujer se iba a ir con su hija, pero «el fin del acusado era matar. Estaba en plenas facultades mentales».

La defensa trató de refutar los argumentos de las acusaciones y afirmó que el acusado no estaba en sus cabales por la ruina económica. «Se aprovecharon de la debilidad de una persona», dijo respecto a las víctimas. La abogada defendió durante más de una hora que no planeó matarlas, que no hubo ensañamiento. «Estaba fuera de sí. Fue un arrebato, se obcecó».