Más de dos años después de que se pusieran en marcha los primeros trabajos, el Ministerio de Agricultura y los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas han dejado para otoño, en una nueva conferencia sectorial, la elaboración del Plan Estratégico (PE) con el que distribuir los más de 47.000 millones de euros que recibirá España de la PAC para el próximo periodo. Ese será el último y definitivo intento para cerrar ese Plan que deberá remitirse a Bruselas antes de fin de año para que sea aprobado por la Comisión y pueda aplicarse en 2023 sin contratiempos.

Y tal como estaba previsto, dominaron las diferencias sobre los puntos de compromiso, por lo que deberán seguir las negociaciones técnicas de cara a lograr en otoño un acuerdo político en un tercer intento para llegar a Bruselas a tiempo con los deberes hechos. No ganaron los divergentes, pero tampoco la posición oficial; no hubo votaciones. En contra de algunas versiones oficiales sobre el desarrollo de este encuentro, no hubo ningún acuerdo, si bien Atocha tiene en su haber que los debates se van a llevar a cabo no con un documento alternativo de las comunidades autónomas, sino sobre la base del documento oficial presentado por Agricultura.

La principal conclusión es que el PE-PAC para 2023, dos años después de que se iniciaran las negociaciones para su elaboración, está verde y no precisamente solo por los fondos que se prevé se destinarás a las políticas medioambientales, sino por lo que se debe avanzar aún para lograr un consenso entre los intereses de todas la regiones y la Administración central. En este contexto, el ministro no pudo hacer otra cosa que limitarse a señalar la diversidad de la actividad agraria en España y, en consecuencia, los diferentes intereses lógicos de cada territorio, pero alabando los deseos de consenso y el poder repetir el volumen de los fondos a percibir y su distribución, algo que no aumenta su volumen en el objetivo de lograr una PAC más justa con una redistribución de los fondos, más social y sostenible desde la perspectiva medioambiental y de los agricultores.

En relación con la elaboración del Plan Estratégico, hay cuestiones de filosofía de fondo, como la redistribución de los pagos o el apoyo a los profesionales de la actividad, donde no existen diferencias. Tampoco en la necesidad de impulsar el relevo generacional o apoyar la presencia de la mujer en la actividad, algo que, en todos los casos, debería ir acompañado por otras medidas complementarias vía desarrollo rural y otros departamentos para hacer atractiva la vida en ese medio, cosa que no se logra aumentando mínimamente el porcentaje de ayudas por razones de sexo o de edad.

Dominan los acuerdos sobre los desacuerdos también en lo que afecta a los techos en el cobro de las ayudas y en el ajuste para su aplicación en la política de redistribución. Ingresos cortos para llegar por esta vía a ese 10% de los pagos que se pretende destinar a esa política con el apoyo a las primeras hectáreas de una explotación. Sin embargo, siguen dominando las divergencias cuando se baja al terreno más concreto, cuando se toca más el bolsillo de cada perceptor para dar un mayor vuelco al actual sistema de pagos.

Agricultura plantea en su propuesta la reducción a una veintena de regiones (del medio centenar actuales) de cara a acelerar los procesos de convergencia y así poner fin a la actual situación de graves situaciones discriminatorias que se consagraron en 2015 en aras de la estabilidad de unos, aunque fuera en perjuicio de una mayoría. Veinte regiones manteniendo las cuatro posibles opciones de cultivos de secano, de regadío, pastos permanentes y cultivos permanentes parecen excesivas. Desde las posiciones más opuestas, como serían los casos de Castilla-La Mancha o Aragón, sus consejeros Francisco Martínez y Joaquín Olona abogaban por una mayor reducción hasta dejarlas solamente en cuatro.

La política de convergencia aplicada en los últimos años ha sido un fracaso al mantener las viejas diferencias y, además, por lo que supone el mantenimiento de los derechos históricos, que generan ingresos correspondientes a situaciones del pasado, en muchos casos con unos derechos en base a una actividad que hoy ya no existe. Agricultura contempla la convergencia de ayudas en una misma región al 85% para 2027 y llegar al 100% en 2029, porcentajes que para una parte de las comunidades autónomas se presentan como muy lejanos en cuanto que supone mantener situaciones injustas para los miles de agricultores que tienen reducidas las ayudas por hacer lo mismo. No obstante, corregir o acelerar esos procesos se ve como un paso adelante para una mayoría de territorios frente a Andalucía, que sería la principal perdedora por esta vía de ajustes, aunque gana por el apoyo sectorial al olivar. Desde las posiciones más opuestas se estima que no tiene ningún sentido mantener los actuales derechos de pago históricos cuando en muchos casos se están cobrando incluso sobre cabañas ganaderas que no existen y cultivos que tampoco se realizan.

Los debates sobre los ecoesquemas han puesto de manifiesto que faltan muchos trabajos técnicos para la aplicación de lo que se supone que será la principal novedad de la nueva reforma por lo que significa de nuevas posibilidades de ayudas para los agricultores y ganaderos y, sobre todo, porque se lleva nada menos que el 25% de los fondos, en su mayor parte, un 23%, de los pagos directos. Es mucho dinero lo que se lleva la nueva medida como para no despertar recelos y desconfianza entre algunas autonomías, que quieren evitar que una parte muy importante de esos fondos no pueda ser capturado por las pequeñas y medianas explotaciones viables a quienes se pretende apoyar, al menos sobre el papel, en la futura PAC

De cara al Plan Estratégico, otra meta está en avanzar sobre la definición del profesional que debe ser el destinatario prioritario de las ayudas más allá de estar dado de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia o que tenga unos ingresos de la actividad agraria de al menos del 25% sobre sus ingresos totales. Hay comunidades que entienden que ser profesional debería ir más allá y dar un tratamiento de mayor apoyo a los quienes realmente viven de la actividad y además viven en el territorio. Bruselas ha eliminado su vieja definición del agricultor genuino o prioritario como destinatario de las ayudas y deja la figura del agricultor activo, simplemente estando de alta en la Seguridad Social como autónomos y si un 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria. Hay un debate sobre la consideración de activo para quien cobre menos de 5.000 euros.

En consecuencia, un Plan Estratégico que sigue verde en verano y que deberá madurar en estos meses para que pueda estar listo en otoño.