Castilla-La Mancha sigue empeñada en cerrar el Tajo-Segura. O al menos, el Tajo-Segura tal y como se ha venido entendiendo en estos más de 40 años de trasvases. El borrador del acuerdo regional sobre el agua, al que ha tenido acceso La Tribuna,   gira en torno a la idea de que estos trasvases  se conviertan en una respuesta excepcional en momentos «de necesidad real», eliminando toda trasferencia para alimentar los regadíos del Levante. Como apunta este documento, «los trasvases, y en especial el Tajo-Segura, no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones, sin tener en cuenta a la nuestra».

Un documento que se oficializará en unos días y que no es en modo alguno baladí. En la ‘batalla por el agua’, contar con una posición común regional que defender en Madrid es clave, aunque para ello se hayan tenido que dejar atrás posiciones de máximos, como la aparición literal en el texto del las palabras ‘fin del trasvase’. Más si se tiene en cuenta que el Levante, y especialmente Murcia, mantiene desde hace décadas un frente común en defensa de esta infraestructura. El naufragio de la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha de 2010 en el Congreso, es buen ejemplo de lo que no debería  volver a pasar.

La cosa está en cómo conseguir este ‘cierre’ del Tajo-Segura. En este sentido, la estrategia de la comunidad pasa por conseguir luz y taquígrafos a la hora de hacer las ‘cuentas’ del agua disponible en cada cuenca hidrográfica. Desde Castilla-La Mancha se reclaman «inventarios realistas» de los recursos disponibles, así como de las presiones y demandas de cada río. Datos que deberán ser «de acceso general  en cualquier momento y por cualquier persona», y donde se incluyan también «la superficie regable y con derecho a riego».

Desde la comunidad se considera «imprescindible» realizar «auditorias hídricas» tanto de las cuencas hidrográficas en sí, como de los trasvases, en las que se analicen los consumos reales, los derechos legalmente reconocidos, el estado ecológico de las aguas  y el cumplimiento de las caudales ecológicos. Un punto este último de gran importancia, ya que Moncloa se estaría planteando a día de hoy elevar el caudal ecológico medio del Tajo a su paso por Talavera  y Toledo en 17,8 m³/s y  17m³/s respectivamente, frente a los actuales 10 m³/s. Caudales que de cumplirse supondrían de facto el cierre del trasvase. Y es que, La cabecera del Tajo no tiene capacidad suficiente para cubrir a la vez esta cantidad y la demanda constante del Levante.

Dentro la estimación de cuánto agua hay en cada cuenca, la región introduce un elemento nuevo: el del agua desalada. Un recurso hasta ahora ignorado a la hora de hacer balance de los recursos hídricos disponibles en el Levante.

Sin olvidar el mantra de que «cualquier uso propio de la cuenta hidrográfica debe tener total prioridad sobre otros usos fuera de la misma» y que el Gobierno autonómico «debe participar» con voz y voto en las decisiones sobre el agua.

De momento, el acuerdo regional ‘progresa adecuadamente’, al contar con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos con y sin representación parlamentaria (solo Podemos se ha desmarcado de esta iniciativa, ya que Vox no llegó a sentarse en la mesa). Así como de los principales agentes económicos y sociales de la región, salvo los grupos ecologistas y la Plataforma en Defensa del Río Tajo, que reclaman un modelo de gestión del agua «más sostenible».

Como apuntaba a principios de semana el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, «es un documento de posición común, que podamos defender todos, cada uno desde su planteamiento, sensibilidad o ideología, pero con el que todos nos sintamos cómodos. Todos hemos cedido y siempre que se cede, se consiguen resultados positivos». Se verá.