De nada vale un pleito ganado si no se ejecuta la sentencia en tiempo. Así lo asegura la decana del Colegio de Procuradores de Ciudad Real, Ana Julia Sanz, tras aseverar que estos profesionales del Derecho podrían encargarse «perfectamente» del trámite de ejecución de sentencia, que en general sufre unas demoras que claman al cielo. Si tuvieran acceso al punto neutro judicial la averiguación domiciliaria y patrimonial se resolvería en un tiempo mínimo, no como ahora, asegura Ana Julia Sanz que se caracteriza por ser una mujer guerrera, enérgica y perseverante. A su labor continua de procuradora (35 años de ejercicio) ha añadido desde el pasado 11 de enero la de decana del Colegio de Procuradores de Ciudad Real, cargo que asumió tras años como secretaria de la junta directiva y en el que relevó a Concepción Lozano, que fue quien más la animó a dar el paso. Estos cuatro meses en el cargo han sido «muy productivos», con muchos plenos extraordinarios y reuniones telemáticas, pero también «muy revueltos, porque la Justicia está muy revuelta», asevera. 

¿Cuál es el papel del procurador?

Es desconocido porque no hemos hecho por darnos a conocer, aunque somos fundamentales como operadores de la Justicia. Un procedimiento comienza con la presentación de una demanda, pero no se queda ahí: somos los que recibimos todas las notificaciones, presentamos todos los escritos, cuidamos del cumplimiento de los plazos y de la presentación en plazo de toda la documentación. Ejercemos de intermediario entre el cliente y el abogado porque para que el letrado defienda a un litigante y éste se vea reforzado dentro de un expediente judicial necesita a una persona, el procurador, que vigile la marcha de este procedimiento. 

¿Y cuál es la razón de que pocos sepan de este trabajo?

Nuestra labor es muy interna. Hay mucho trabajo de despacho y mucho de juzgado porque tenemos la obligación de asistir a las audiencias previas y a todas las vistas, y normalmente estamos con el cliente, Desde hace un tiempo incluso nos sentamos con él, en el mismo banco, para ayudarle o protegerle en ciertos momentos y declaraciones.

¿Qué cambios se deben acometer?

Estamos en una situación de impasse con las nuevas reformas legislativas anunciadas y las que se van a llevar a cabo porque hay varias pendientes, no solo la Ley de Eficiencia Procesal, sino también la de digitalización y normalización de la Justicia y demás. Se trata de una reforma de gran calado, según se dice desde el Ministerio, pero yo discrepo en muchas cosas porque, al fin y al cabo, de lo que se trata es de buscar soluciones para que los trámites procesales que es lo que nos interesa a todos vayan más rápido y, si no está presente la figura del procurador todas estas reformas no se van a poder llevar a cabo. Hemos ofrecido al legislador asumir funciones porque se acortarían los plazos y sería todo más rápido y eficaz. Llevo 35 años y estoy oyendo toda la vida que la figura del procurador estaba abocada a la desaparición: solo se nos dio importancia en el Libro Blanco de la Justicia de 2001. Aquellas propuestas no se llevaron a efecto, aunque seguimos dispuestos a asumir más funciones porque estamos preparados técnica y profesionalmente para ello. No en vano somos licenciados en Derecho, igual que un abogado. 

¿A qué retos se enfrentan?

De momento a seguir estando ahí. Estamos pendientes de la Ley de Acceso a los Colegios Profesionales y del Libro de Aranceles. Minutamos por arancel que se modifica cada 15 años. No se sube, ni el IPC por parte del Ministerio de Hacienda. Estamos pendientes de si va a seguir como hasta ahora o se va a incrementar. El Consejo General está peleando para resolver esta situación. Llevamos cinco plenos extraordinarios desde el 18 de enero.

¿Van a salir bien parados de la reforma?

No lo sé. Necesitamos el apoyo del Ministerio. Pero estoy convencida de que vamos a seguir ahí, peleando para que nos den más funciones, porque nadie nos ha dado una razón clara de por qué no debe estar el procurador como un operador jurídico dentro de la Administración de Justicia. La reforma del Gobierno de Aznar era buena, le daba la vuelta a toda la Justicia, pero cuando llegó el momento de ponerla en práctica no había fondos. Es el eterno problema: en Justicia nunca se ha invertido lo que se tenía que invertir.

Pero dónde sí han sido protagonistas los procuradores es en la digitalización de la Justicia… 

Fuimos los primeros en llevar a cabo los cambios en el expediente digital, antes que los letrados y otros operadores, en LexNet, en todo. Hay que recordar que Ciudad Real fue experiencia piloto, tanto de la Oficina Judicial como de LexNet, y cuando nos hablan de medios tecnológicos nosotros vamos por delante de la Administración de Justicia, estamos trabajando con programas de gestión y demás que dan cien mil vueltas a los habituales. El problema es que el sistema LexNet se cae cada dos por tres. Es muy limpio y exacto, pero no funciona como debería. Hasta hace pocos años no se podían adjuntar más de diez documentos; ahora son treinta. La Oficina Judicial tampoco funciona como debería.

¿Hacia dónde debe avanzar la procura? ¿Cuáles son los retos?

Asumir más funciones de trámites y conseguir ser más visibles. El futuro de la procura, de los procuradores, está vinculado a la ampliación de estas funciones y como la mayoría de los decanos de España creo que somos una pieza fundamental y estamos preparados para asumir el trámite de la ejecución de sentencia. Hay quien se ha librado por las demoras.