Pocas comunidades autónomas admiten en público –quizá ninguna lo haga– que el sistema de financiación autonómica le sale a cuenta. En el caso de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional lleva años quejándose de que la comunidad está infradotada. En 2018 el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina, que también es el actual, hizo un cálculo y señaló que a Castilla-La Mancha le faltaban entre 800 y 1.000 millones de euros al año. Pues bien, las protestas de la Junta las ha corroborado el último estudio que ha hecho BBVA Research, que apunta que Castilla-La Mancha no está saliendo bien parada con el sistema de financiación autonómica. El informe lo firma Ángel de la Fuente y analiza las cuentas correspondientes a 2020, las compara con 2018 y hace una aproximación a 2021.
En el estudio hay un dato clarividente y fácil de entender: los euros que recibe cada comunidad autónoma por habitante. En el apartado de financiación definitiva Castilla-La Mancha arroja un importe de 2.449 euros por habitante, que es el cuarto peor dato del país. Solo hay tres con cifras más bajas y son vecinas:Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
Para más inri hay que recordar que a Castilla-La Mancha las comparativas por población le salen mal. Al ser una comunidad menos poblada, en el medio rural se da la circunstancia de que hay un número pequeño de habitantes repartidos en un número elevado de pueblos y eso hace que sea más costoso llevar prestaciones educativas o sanitarias a estos lugares en comparación con aquellas comunidades que tienen la población concentrada en grandes ciudades.
¿Y si se suman los fondos Covid?
El estudio del BBVA Research tiene en cuenta unos fondos adicionales que hubo en 2020 para hacer frente a la crisis del coronavirus. Eso hace que el dato de Castilla-La Mancha de importe por habitante suba a 2.798 euros. ¿Mejora mucho en la clasificación? Pues no, sigue siendo la cuarta por la cola.
¿Cómo están otras regiones parecidas?
Tanto con el dato de financiación como con el dato de financiación aumentada por los fondos Covid, Castilla-La Mancha marca un índice en torno al 96, estando la media de las comunidades autónomas en un 100. El estudio del BBVA Research demuestra que para 2020 la comunidad más beneficiada fue Cantabria (índice 118), seguida de La Rioja (113) y Extremadura (110). Mucho se habla de Madrid y Cataluña y las dos están por encima del promedio. En cuanto a otras comunidades autónomas parecidas a Castilla-La Mancha en dispersión geográfica, como serían Castilla y León o Aragón, ambas también superan el 100. Hay que recordar que estas desigualdades entre comunidades se notan en euros. La diferencia entre lo que recibe Cantabria por habitante y lo que recibe Castilla-La Mancha supera los 500 euros.
¿En 2018 estaba igual, peor o mejor?
Cabría preguntarse si esto ocurre solo en la financiación de 2020. El estudio de BBVA Research revela que esto viene de antes. Castilla-La Mancha tuvo en 2018 una financiación por habitante de 2.637 euros y eso de nuevo pone a la región como la cuarta comunidad con una cifra más baja. Las tres que quedan por debajo también son las mismas.
Hay una solución: un fondo de nivelación para las perjudicadas.
El estudio también da soluciones. La principal sería la de habilitar un fondo de nivelación para mejorar la equidad entre auntomías. Señalan que se conseguiría «aumentar apreciablemente la financiación de las comunidades peor tratadas» mencionando entre las mismas a Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. El informe hace una estimación por la que se reduciría un tercio la desigualdad.
Según su propuesta el fondo de nivelación tendría dos tramos. En el primero se repartirían fondos a las comunidades perjudicadas como Castilla-La Mancha para llevarlas a la media de financiación efectiva por habitante. Es decir, teniendo en cuenta que la región tiene 2,1 millones de habitantes y que en 2020 se quedó a 93 euros de la media por persona, para ese año habría recibido casi 200 millones más. En el segundo tramo de nivelación, se cogerían los fondos restantes y se repartirían entre todas las comunidades, quitando la que más cobra, que es Cantabria.