La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido 131 informes en la provincia en relación a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el inicio del estado de alarma. Esta herramienta, vital para la subsistencia empresarial, no está exenta de abusos y fraudes, por lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incidido en la inspección y en la propuesta de sanciones previstas en el caso de la deteción de irregularidades.

En el caso de las actuaciones llevadas a cabo en la provincia se trata de  informes solicitados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de la Autoridad Laboral de la comunidad autónoma en relación a los ERTE presentados al amparo del RDL 8/2020, de 17 de marzo, ya sean por causa de fuerza mayor, o por causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción.

Hasta el pasado jueves se habían solicitado y emitido 111 informes en expedientes por fuerza mayor, mientras que se emitían 20 informes en ERTE ejecutados por otras causas, en datos aportados a este diario.

Teniendo en cuenta que hasta junio se han llevado a cabo 4.464 ERTE por fuerza mayor en Ciudad Real, las 111 actuaciones de la Inspección de Trabajo apenas alcanzan el 2,5 por ciento del total. El número de trabajadores afectados por un ERTE en la provincia asciende a 15.912.

La proporción de inspecciones llevadas a cabo en los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción es mucho mayor, de un 16,8 por ciento, ya que sólo había 119 empresas acogidas a esta figura en mayo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también informa que la Inspección ha llevado a cabo 42 requerimientos, 23 de ellos aún en trámite, para verificar el cumplimiento de las condiciones existentes en los entornos laborales, en relación con la posible exposición de los trabajadores al contagio del COVID-19.

Asimismo, Inspección de Trabajo está llevando a cabo actualmente siete actuaciones dirigidas a la protección de derechos en el ámbito laboral relacionadas con la pandemia del COVID-19, especialmente en relación al permiso retribuido recuperable establecido por el RDL 10/2020, que data del pasado de 29 de marzo.

Estas actuaciones tienen su origen en denuncias de los trabajadores o de sus representantes. Con anterioridad ya había ejecutado tres informes sobre este punto, según informa a este diario en relación con la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo.