El Consejo de Gobierno ha remitido esta semana el proyecto de Ley de patrimonio de la Junta a las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación. Una normativa que viene a sustituir a la actual vigente, aprobada en 1985 y que requería su adecuación a la legislación estatal actual y a la nueva realidad de la comunidad, que a día de hoy posee más de 7.200 inmuebles y 2.200 vehículos.

Una normativa «de carácter estrictamente técnico» y que consta de 138 artículos, más del doble de los que tiene la ley actual normativa, convirtiéndola en una de las legislaciones más avanzadas y novedosas en la materia, según la Junta.

Entre las principales novedades que incorpora , destaca la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.

También establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de tal forma que se regulan los supuestos que legitiman el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos reguladores. Además, por primera vez se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta, para procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas.