La despoblación se ha convertido en un asunto económico de primer orden. Castilla-La Mancha ha lanzado una ley para apoyar las medidas contra la despoblación. Europa ha iniciado una serie de políticas a través de ayudas a empresas que se instalen en comarcas de la provincia con baja densidad de población, incentivando tanto la contratación como la inversión que realicen. También el Banco de España ha hecho su propio análisis de esta situación con un apartado dentro de su informe anual denominado ‘Los municipios en riesgo de despoblación y el acceso a servicios en zonas rurales’. Se trata de un análisis pormenorizado en el que identifica 3.403 municipios en riesgo de despoblación, que representan el 42 por ciento de todos los de España, y en los que reside el 2,3 por ciento de la población, aproximadamente, un millón de habitantes. La provincia cuenta con 50 de estos municipios, casi la mitad de las 102 localidades que hay, y que suman el 10% de toda la población de Ciudad Real, 49.453 ciudadrealeños.
Para llegar a esta conclusión, el Informe Anual 2020 del Banco de España considera como municipios en riesgo de despoblación aquellos que satisfacen tres requisitos. El primero es que haya habido un crecimiento negativo de la población entre 2001 y 2018. El segundo aspecto es un mayor número de defunciones que de nacimientos en cada año desde 2001 hasta 2018. Por último se plantea que haya una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La «supervivencia» de estos municipios «a largo plazo podría verse amenazada en caso de que sus dinámicas poblacionales recientes no se reviertan».
El Banco de España recuerda que su informe toma como base la Resolución Parlamento Europeo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión para identificar las zonas que se enfrentan a desventajas y desafíos naturales o demográficos y que servirá de base para conceder ayudar. Lo que hace es situar la fecha para iniciar el análisis de la población en el periodo 2001 en vez de 2007. «Se considera pertinente incluir el período previo a la crisis financiera global para identificar los municipios con pérdidas de población persistentes a la luz de las dinámicas poblacionales tan diferentes antes y después de 2007 identificadas en el Informe Anual para el caso español». La previsión de Bruselas para las futuras ayudas es que puedan llegar a las comarcas de Los Montes, el Valle de Alcudia, la zona del Campo de Montiel y de Almadén, en la provincia. Al igual que en el análisis del Banco de España el impacto de las políticas europeas implican medio centenar de municipios «en riesgo».
Los municipios marcados por el Banco de España son Abenójar, Agudo, Alamillo, Alcoba, Alcubillas, Aldea del Rey, Alhambra, Almadenejos, Almedina, Almodóvar, Almuradiel, Anchuras, Arroba, Ballesteros, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias, Calzada, Chillón, Corral, Los Cortijos, Fernán Caballero, Fontanarejo, Fuencaliente, Fuenllana, Granátula, Guadalmez, Hinojosas, Horcajo, Luciana, Mestanza, Montiel, Navalpino, Navas de Estena, Piedrabuena, Los Pozuelos de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, Retuerta, El Robledo, Saceruela, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Terrinches, Torre de Juan Abad, Valdemanco del Esteras, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de San Carlos, Villar del Pozo y Viso del Marqués.
Grandes y pequeños. En el listado hay pequeñas localidades, como Villar del Pozo, con sus 61 habitantes, pero también grandes como Almodóvar, con 5.983 habitantes, o Piedrabuena, con 4.379.
El alcalde de este municipio, José Luis Cabezas, recordó que «Piedrabuena es un municipio donde se prestan muchos servicios». Enumerando de forma rápida que hay un centro de salud nuevo, Registro de la Propiedad, Oficina Comarcal Agraria y de Empleo, Policía, residencia o un instituto, pero se da la circunstancia de que se pierde población cada año. En su opinión se debe al crecimiento vegetativo: hay menos nacimientos que fallecidos, una situación que recuerda afecta a toda Europa. «Lo que nos falta no es un servicio público, sino privado: la generación de empleo», señaló Cabezas. Así recordó que hay ayudas para que lleguen jóvenes, eliminando la licencia a las primeras viviendas o el IBI en los primeros cinco años, pero esto no basta. «El factor más determinante es que haya un empleo ligado al territorio, es un tema difícil, pero debe estar en la unión de las políticas regionales, nacionales y europeas dando facilidades a todo aquel que se quiera implantar en el ámbito rural», dijo Cabezas.