¿Hay que comenzar por no confundir reto demográfico con despoblación? ¿Por qué?

La Estrategia Nacional del Reto Demográfico surgió en enero del 2017 a solicitud del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico, que demandaban que en la financiación autonómica anual no solo se tuviera en cuenta la población. El reto demográfico va más allá que la despoblación, engloba también el envejecimiento de la población y la dramática disminución de la natalidad, dando lugar a la falta de relevo generacional que incide en uno de los grandes problemas de España como es el de las pensiones.

En el último decenio, la despoblación ha alcanzado mayor notoriedad social y presencia en el discurso político e institucional. ¿Se dan ahora las circunstancias para que de verdad se tome este problema en serio?

En el año 2011 visibilizamos la situación extrema de Serranía Celtibérica como el mayor desierto demográfico por despoblación hasta ahora identificado, pues con una extensión de 65.825 km2, superior al doble de Bélgica tiene un censo con datos de 2019 de 462.081 habitantes y una densidad de población de 6,99 hab./km2. Hasta el año 2015 no surge la preocupación política por el tema de la despoblación. Fue entonces cuando el Senado constituyó dos comisiones al respecto con participación de numerosos expertos. Pero ninguna de las propuestas han sido ejecutadas. Tampoco la única Proposición No de Ley que dictaminaron sobre la despoblación, para que se reconociera Serranía Celtibérica ante la Unión Europea como una región rural remota, montañosa y de muy baja densidad de población. Todo cambia a partir de 2017 cuando el Gobierno de España quien crea la figura del Comisionado del Reto Demográfico. Pero fue la manifestación de la España Vaciada del 30 de marzo de 2019 la que marcó el verdadero punto de inflexión en la valoración política del gran problema que supone la despoblación. 

¿Pero hablamos entonces ya de un problema de Estado?

El hecho de que el nuevo Gobierno haya creado una Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestra la importancia que ha adquirido el tema de la despoblación y que se haya asumido como un problema de Estado.

¿La Unión Europea se muestra preocupada por este grave problema que afecta no solo a España, sino a otros países?

La Unión Europea únicamente ha manifestado su interés por las áreas con escasa densidad de población en 1994, en el tratado de adhesión de Finlandia y Suecia donde se reconoce a las regiones con densidades inferiores a 8 habitantes/km2, por lo que Laponia recibe un trato especial y figura en los fondos plurianuales de cohesión. Desde entonces, no ha tomado ninguna medida sobre los otros territorios europeos con escasa densidad de población.

Esperamos que esta política europea cambie. En este sentido nos orgullecemos que gracias a la reunión que en el marco de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica tuvimos el 27 de septiembre de 2018  con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luís Valcarcel, presentó una enmienda a las disposiciones comunes de los Fondos Estructurales, aprobada el 27 de marzo del 2019, por la que se reconoce destinatarias de los fondos FEDER las áreas con desafíos severos y permanentes, naturales o demográficos como los referidos al artículo 174 del TFUE, caso de «las agrupaciones de entidades locales (LAU) con escasa densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km2 para zonas escasamente pobladas o con una densidad de población inferior a 8 habitantes/km2 para zonas muy escasamente pobladas». Se aprobó, asimismo, que se destinarán a estos territorios «al menos un 5% de los recursos Feder», lo que supondrá para España una cantidad entorno a los 1.200 millones de euros, estamos pendiente que este acuerdo se materialice. 

No obstante, en la propuesta del Consejo de Europa sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 solo aparece el apoyo a territorios con nivel NUTS2 (regiones o interregiones) con menos de ocho habitantes/km2, donde por ahora solo está reconocida Laponia. Por suerte, es solamente una propuesta donde España y otros países con problemas de despoblación tendrán que negociar para que se les tenga en cuenta.

¿Es necesaria una mayor cooperación entre todos los niveles de Gobierno y las administraciones públicas y autonómicas para resolver este problema?

El tema de la despoblación debe abordarse de forma coordinada, siguiendo los criterios establecidos por la UE que señala la necesaria colaboración conjunta de tres sectores. El primero la administración nacional, regional y municipal. El segundo la ciudadanía, las entidades sociales y económicas. Y el tercero el I+D+i, formado por las universidades y centros de investigación.

Lo primero que hay que conocer son qué territorios españoles se encuentran despoblados y, en ello, debe seguirse nuevamente los criterios europeos. Son los que hemos aplicado desde el Instituto Serranía Celtibérica. Se han delimitado diez «Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa» agrupando los municipios con densidades inferiores a 8 y 12,5 habitantes/km2, que muestran que solo el 5,43% de la población española vive en el 54,84% del territorio. Lo importante es que este mapa ha sido recogido por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la ‘La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias’, entregado el 11 de junio de 2019 a la presidente del Congreso, MeritxellBatet, por lo que el Gobierno de España ya cuenta con un mapa donde aplicar las medidas contra la despoblación.

¿Avanzar en superar la brecha digital territorial es, quizá, el mayor reto que los territorios despoblados tienen por delante o cuál sería?  ¿Qué otras medidas han de ponerse en marcha ya para atajar el problema?

Que exista banda ancha es una urgencia que debería haberse solucionado hace tiempo. Y también el acceso a la telefonía móvil en todo el territorio ya que si, por ejemplo, tienes un accidente por la noche en muchas de las carreteras locales de las áreas despobladas ya no es que no puedas llamar por teléfono, sino que no pasa nadie que pueda socorrerte. 

Pero ha de tenerse en cuenta que los territorios se han despoblado inicialmente por la emigración masiva de sus habitantes buscando mejores medios de vida, desgraciadamente ahora estamos en una fase en donde la despoblación se produce esencialmente por fallecimientos. La situación actual es extrema y la atracción de la población solo puede realizarse con medidas de discriminación fiscal positiva. Si se nos permite el símil, estamos ante un enfermo terminal al que no se puede curar con unas tiritas.

 Se habla de incentivos fiscales a empresas, ayudas a las familias que quieran vivir en pequeños pueblos, pero otro problema de estas zonas es la falta de médicos, maestros o guardias civiles. ¿Cómo se puede afrontar también este reto?

Toda demanda de trato discriminatorio fiscal positivo debe aplicarse dentro del marco legislativo europeo. Y para ello tenemos el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuya finalidad es «reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones».

En razón de este artículo, los territorios con escasa densidad de población deben tener la misma consideración que desde hace tiempo vienen recibiendo las regiones desfavorecidas insulares, como es el caso de Canarias. Solo se puede repoblar el territorio atrayendo empresas, y para lo cual se debe aplicar los mismos beneficios que en Canarias, un IVA del 7% y un Impuesto de Sociedades del 4%. El sector agropecuario y forestal, los verdaderos custodios del territorio, deben tener una PAC especial como es el denominado POSEI que disfruta Canarias. 

¿Existe algún programa europeo que suponga ayudas a la despoblación?

Que conozcamos no existe ningún programa europeo de ayuda a la despoblación, pero nos encontramos en un momento adecuado para conseguirlo, aunque sea de forma indirecta y haya que realizar un importante trabajo en el marco europeo buscando aliados. Por ejemplo, uno de los objetivos prioritarios de la UE es alcanzar la neutralidad climática en el 2050, para lo cual se ha planteado en el Marco Financiero Plurianual destinar al medio ambiente y acción climática 346.582 millones de euros; y en este marco el 11 de diciembre de 2019 se presentó el denominado ‘Acuerdo Verde Europeo’. En este sentido, debemos visibilizar la situación de las SESPAS españolas, lo cual ya se ha realizado con Serranía Celtibérica, que no solo alcanzó hace años la neutralidad climática, sino que según las investigaciones realizadas por el consultor internacional de la FAO y miembro del Instituto de Investigación Serranía Celtibérica, Javier García Pérez, estima que esta interregión absorbe alrededor de 6 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que ha dado en denominar a este territorio como el ‘pulmón del Mediterráneo’. La compensación que debería percibir estos territorios a lo largo de los próximos 20 años sería de una media anual de 383 millones de euros. Resulta paradójico que el anunciado Fondo de Transición Justa, dotado con 7.500 millones de euros, destine 2.000 millones a Polonia y tan solo 307 a España, esto es 76 menos que la valoración del CO2 captado por Serranía Celtibérica. Estas ayudas deberán ir enfocadas al desarrollo de las industrias de bioeconomía forestal, lo que, además de ayudar a frenar la despoblación, supondría un refuerzo para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra los incendios forestales.

 ¿Qué ejemplos europeos de lucha contra la despoblación podría tomar España para resolver este problema?

Que conozcamos no existe en Europa modelos de referencia de lucha contra la despoblación. Laponia no es un territorio que sufra despoblación, sino baja densidad de población debido a su climatología y modos de vida extremos, con nieve en la mitad del año y noches eternas en invierno, con días donde no se llega a ver el sol. Otro tema es cómo afrontan en estos territorios de población muy dispersa el tema de la comunicación, de los servicios sanitarios, y educativos. En este sentido, sí que debemos aprender de ellos.

Comunidades autónomas como Castilla-La Mancha reclaman que en el nuevo modelo de financiación autonómica se tomen como medidas referentes la despoblación y la dispersión geográfica a la hora de repartir los fondos. ¿Están ustedes de acuerdo?

Estamos totalmente de acuerdo, es lo que demanda el Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico al que pertenece Castilla-La Mancha. Sin embargo, deben existir unos criterios objetivos para que exista una financiación justa. Este estudio lo hemos realizado desde el Instituto Serranía Celtibérica, calculando los territorios despoblados de cada comunidad autónoma. Castilla-La Mancha es la tercera con mayor porcentaje de territorio despoblado, pues tiene el 67% por debajo de 12,5 hab/km2, por lo que sería una de las más beneficiadas.

Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha les ha propuesto como expertos en despoblación para acudir a la Comisión que en breve se abrirá para analizar los problemas concretos de la región y cómo ponerles solución. ¿Cómo se han tomado esta invitación y cuál será la línea general que tratarán ante los diputados?

El que se reconozcan nuestros conocimientos como expertos en el tema del análisis demográfico en el marco legislativo de la Unión Europea es toda una satisfacción, ya que consideramos que una de las funciones de la Universidad es aportar el conocimiento y la I+D+i al desarrollo social y económico del territorio.

El Gobierno regional ya puso en marcha en la pasada legislatura varias medidas y planes contra la despoblación como la Estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) y ha creado el año pasado un Comisionado para el Reto Demográfico. ¿Vamos por el buen camino?

Todas las medidas que vayan a favor de los territorios que padecen la lacra de la despoblación han de considerarse positivas. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma española que cuenta con una ITI de 500 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos. Sin embargo, las cuatro ITIs que presentó el Gobierno de España para el Marco Financiero 2014-2020 cuentan con una importante aportación estatal. Así a la ITI de la provincia de Cádiz de 1.300 millones de euros, el Gobierno andaluz da 400 millones y el estatal 900. En este sentido, hay que recordar que se encuentra sin cumplir la Proposición No de Ley aprobada las Cortes Generales el 8 de octubre del 2015 sobre el ‘Proyecto Serranía Celtibérica contra la despoblación’ en donde, entre otros puntos, se señalaba que se aplicaría la quinta ITI. En este sentido, Castilla-La Mancha debe ponerse de acuerdo con las otras comunidades de Serranía Celtibérica (Aragón, Castilla y León, La Rioja y la Generalitat Valenciana) para solicitar de forma urgente al nuevo Gobierno de España que se otorgue esta ITI.