El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido "entrar en reproches" ni "echar balones fuera" en la comisión en la que explica cada semana la evolución del coronavirus, y por eso ha asumido la responsabilidad de los datos estadísticos de la pandemia.

Desde hace unos días, las cifras diarias de la epidemia de coronavirus levantan un gran desconcierto por el contraste que existe entre las que da el Ministerio y las que facilitan las comunidades autónomas. Además, ha coincidido que este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha corregido las cifras de muertes por COVID en España equiparándolas a las oficiales del Gobierno, tras haberlas elevado a casi 30.000.

Illa ha incidido en que los datos con los que trabaja su departamento son los que le proporcionan "con mucho esfuerzo" las comunidades autónomas: "Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo".

"Puede haber, y seguro que hay, algún error -ha proseguido-, pero no me parece justo", ha enfatizado el ministro sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

Pero, ¿a qué se deben estas discrepancias? El pasado 11 de mayo, tal y como les ha recordado Illa a los diputados, entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19, con la que ha cambiado el sistema con el que Sanidad venía recopilando y trasladando los datos de las comunidades para adaptarlo a la evolución epidemiológica.

Y se ha cambiado porque, según Sanidad, ahora tenemos unos niveles bajos de incidencia y lo que interesa es la detección precoz de los casos para poder actuar y controlar muy rápido la transmisión.

Esa es la razón por la que se ha modificado el sistema de vigilancia, según ha dicho, y es este sistema el que está permitiendo detectar brotes locales y controlarlos de forma temprana.

Las comunidades introducen los datos, individualizados, a través de la herramienta de vigilancia SiViEs, que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III; y son esos los que usa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, para mostrar la evolución a través de las actualizaciones diarias.

No obstante, según ha precisado el responsable del CCAES, Fernando Simón, las series van a permanecer congeladas y solo van a modificarse cuando se produzca un fallecimiento el día anterior; y así va a ser hasta que todas las comunidades consigan actualizar sus series, algo que confía que sea "cuestión de días".

Además, este jueves la OMS, que durante varios días ha reportado unas 2.700 muertes más por coronavirus en España que las informadas por el Ministerio de Sanidad, ha corregido sus cifras para equipararlas con las nacionales: 27.940 en la actualidad.

El Ministerio de Sanidad había salido al paso horas antes y había replicado que las cifras "oficiales" sobre la pandemia son las facilitadas por las comunidades al CCAES, que hasta ayer contabilizaban 27.128 muertos.

El asunto de los datos ha estado presente durante toda la comisión, pero también se han sacado otros asuntos no tan broncos, como el premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios o la reserva estratégica a nivel nacional de productos críticos que incluirá desde mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y FPP3 y otros equipos de protección hasta pruebas diagnósticas y medicamentos.

Una reserva, que anunció la semana pasada y de la que este jueves ha dado más detalles: dará cobertura a una estimación de necesidades que se ha calculado en base a los consumos semanales declarados por las comunidades autónomas, es decir, en base a la situación vivida en esta pandemia.

Con estos parámetros, debería contar con las cantidades necesarias para poder cubrir un período mínimo de entre seis semanas y dos meses.

A estas cifras hay que sumar otras, efecto también de esta pandemia: el servicio telefónico de atención psicológica que puso en marcha Sanidad a finales del mes de marzo, conjuntamente con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, que ha atendido a 13.000 personas que han presentado malestar o estrés por la covid-19.

Del total de llamadas, un 70 % han correspondido a población en general, un 21 % a familiares y un 9 % a sanitarios, aunque proporcionalmente para estos dos últimos grupos ha habido mayor demanda, posiblemente porque se trata de los dos grupos más afectados psicológicamente por la situación creada por la pandemia.