Héctor Garrido era pediatra, prestaba servicio en la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano y falleció en el Hospital General de Ciudad Real el 15 abril tras ser diagnosticado de neumonía bilateral por SARS-CoV-2 (coronavirus). Tenía 59 años y llevaba varias semanas ingresado tras pasar por urgencias (23 de marzo) por fiebre mantenida de cinco días de evolución y disnea progresiva.
Su viuda y sus dos hijos han acudido al despacho del abogado ciudadrealeño Felipe Holgado Torquemada para interponer una demanda contra el Estado (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) al considerarles «responsables» de la muerte de Héctor Garrido por entender que «se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales». Así lo asegura en declaraciones a La Tribuna el abogado Holgado Torquemada, especialista en Derecho Sanitario. El letrado ha redactado una detallada y documentada demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad y el Sescam.
Una demanda en la que se solicitan indemnizaciones que superan los 586.000 euros al considerar que el médico sufrió «abandono y desatención por parte de las autoridades sanitarias en el desempeño de su actividad laboral y la ausencia de las medidas de prevención y protección adecuadas para hacer frente a la pandemia referida».
En el documento se subraya que «no consta que se establecieran medidas de protección colectivas ni individuales durante el periodo en el que Héctor Garrido sufrió el contagio». Además, el letrado, que va a presentar esta semana la demanda, remarca que la muerte del pediatra por coronavirus no es un caso aislado. «Se trata del segundo sanitario del hospital de Puertollano que ha fallecido a consecuencia de la pandemia tras el fallecimiento el 3 de abril de 2020 de la auxiliar de Enfermería Pilar García».
En su extensa demanda, tras las consideraciones jurídicas, el abogado Felipe Holgado afirma que está objetivado y perfectamente constatadas las guardias realizadas por Héctor Garrido los pasados meses de enero, febrero y marzo y se adjunta documentación que evidencia su exposición al contacto con pacientes afectados por la COVID-19 «sin adopción de las preceptivas medidas de protección y de cuyo contagio se ha derivado su fallecimiento», según recoge el documento de demanda.
A juicio del letrado Holgado Torquemada, «la administración sanitaria se ha despreocupado, ha desatendido y no ha dotado al personal sanitario de equipos de protección individual para garantizar su seguridad y salud en el desempeño de sus funciones ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material». Para el abogado, se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Insiste en que estuvo expuesto a una situación de riesgo frente al COVID 19 sin adopción de las preceptivas medidas de protección.