El origen del dinero enviado a Colombia desde dos locutorios de Valdepeñas y por medio de empresas «no puede ser otro que el tráfico de drogas». No se ha acreditado plantación de piña en Colombia y sí el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales de ese ‘business’. Así lo considera probado el fiscal jefe, Luis Huete, que ha ejercido el Ministerio Público en la causa abierta por la operación ‘Jarete’ contra el tráfico de drogas en Infantes y la comarca de Montiel.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada después de que siete de los doce encausados admitieran el delito de tráfico de drogas y pactaran penas de entre uno y dos años y tres meses de cárcel.

La principal encausada María Leyda M. O., su hijo Carlos Andrés M. O. y su pareja José Luis S. S. se declararon inocentes y prefirieron ir a juicio. Otros dos de los acusados están en paradero desconocido.

María Leyda M. O. ha defendido su inocencia hasta el final del juicio (ayer quedó visto para sentencia), pero las pruebas, según sostiene el fiscal jefe, la incriminan.

 No obstante, por el principio de igualdad respecto a los acusados que admitieron el hecho, el fiscal rebajó la petición de pena en el delito de tráfico de drogas, de cinco años de cárcel a dos; pero mantuvo los cuatro años y nueve meses por blanqueo de capitales, tanto para ella, como para su hijo y su pareja (sólo se le acusa de este delito).

La rebaja también obedece a que la cantidad de drogas que se les incautó es pequeña. El fiscal jefe sustenta su informe final en la ‘mula’ pillada en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con 6,8 kilos de cocaína. La mujer dijo tras ser detenida que la droga iba para Infantes señalando a María Leyda M, quien ayer, en el uso a la última palabra, afirmó que esta mujer mintió.

La investigación se inició tras la denuncia de un testigo protegido, que ayer dijo no recordar nada.

¿Confidente? La abogada de la defensa volvió a cuestionar la instrucción y a pedir, como hiciera en las cuestiones previas, la nulidad de todas las actuaciones a partir del testigo protegido por «indefensión» y a impugnar las escuchas telefónicas tras sostener que se han vulnerado derechos. El testigo protegido «es un confidente» de la Guardia Civil, remachó la abogada Pilar Martínez que defiende a María Leyda M. O. y a su pareja José Luis S. S. Según la letrada, no hay motivos suficientes para las escuchas telefónicas ni para los registros. Insistió en que la matriarca de la familia tiene una plantación de piñas en Colombia y por ello en las conversaciones telefónicas se habla de abonos y fertilizantes, no es un lenguaje convenido como considera probado el fiscal.

No obstante, en caso de que el Tribunal considere culpables a sus clientes pidió que se tengan en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y la grave adicción a las drogas y se les imponga una pena mínima de dos años por el tráfico de cocaína y seis meses por blanqueo de capitales, así como una multa de 1.000 euros.

En el caso de José Luis S. S. también si fuera considerado culpable, entiende que la pena debería ser de seis meses por blanqueo y 300 euros de multa.

De su lado, el letrado Javier Sánchez que defiende a Carlos Andrés M. O. pidió la absolución y que a la hora de dictar sentencia se parta de una base de individualización de los hechos, que no se le juzgue por ser hijo de María Leyda M.

El abogado mantuvo que no hay prueba de cargo para imponer una condena y que la droga incautada en su casa de Valdepeñas era para su consumo. Abundando en ello, dijo que no excede de la cantidad a partir de la cual se considera tráfico: 15 gramos. En cuanto al blanqueo de capitales, reiteró que sólo hizo dos envíos de poca cantidad.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que los envíos a Colombia de María Leyda M. se elevan a casi 50.000 euros y su hijo más de 16.600. Ellos lo niegan.