España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales en políticas activas de empleo y formación, según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que denunció ayer «claras deficiencias» y pidió al Gobierno una mejor medición de resultados para hacerlas más eficaces.

La AIReF advirtió de la dificultad de evaluar de forma completa los resultados y la eficacia de los distintos planes, así como también determinar con exactitud la cuantía del gasto y su distribución en España.

Las políticas activas de empleo se financian desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que luego transfiere partidas a las comunidades y entes locales encargados de su gestión y que son quienes aplican distintos criterios contables.

Junto a esto, la AIReF también encontró dificultades para evaluar de forma completa la eficacia de todas las políticas de ayudas y formación existentes.

La entidad optó así por la evaluación del programa estatal Programa de Recualificación Profesional (Prepara) y de un servicio de Aragón con «buenos indicadores de calidad».

En el caso del Prepara indicó que, con un coste de 1.432 millones de euros entre 2012 y 2017 y más de 850.000 beneficiarios, «no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral nacional durante los seis meses que dura la prestación».

Y ante esto, la propuesta de la Autoridad Fiscal es que las autonomías «realicen evaluaciones de eficiencia y coste-eficacia» de forma periódica y «siguiendo una metodología homogénea y con criterios comunes».

Con esta información, añadió, se podrán identificar los programas, servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos invertidos.