Los sindicatos ANPE y CSIF se han posicionado en contra el Real Decreto-Ley 31/2000, en el que se establece que se pueden modificar los estándares y criterios de evaluación y promoción en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, dando prioridad a la evaluación global del estudiante y no al número de materias que haya podido o no aprobar.

Para ambos sindicatos, eso va en detrimento de la calidad del sistema educativo, así como del esfuerzo del profesorado, indicó a este diario José Antonio Ranz, el responsable del sector de Educación del sindicato CSIF en Castilla-La Mancha, quien indicó que es una cuestión que se deja en manos de las comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha ya ha indicado su intención de no aplicarlo.

En un sentido similar se pronunció Mónica Sánchez de la Nieta, la presidenta de ANPE Ciudad Real, quien expresó el “rechazo rotundo” del sindicato a dichos cambios educativos que además llegan en esta ocasión al inicio del curso, lo que a su juicio se traducirá además en una desmotivación para los alumnos, lo cual, a largo plazo, podría incidir en la adquisición de conocimientos que condicionarán al alumnado para su desarrollo futuro. Del mismo modo, Sánchez de la Nieta subrayó que la repetición de curso es una medida excepcional y que además se desarrollan otras actuaciones, como el refuerzo educativo, para facilitar la adquisición de competencias por parte de los alumnos a través de los equipos docentes.    

Desde este último sindicato pidieron además un criterio unánime a las comunidades autónomas para que no haya diferencias de criterios entre regiones. 

“Ante la convalidación por el Congreso del real decreto-ley 31/2020, ANPE pide a las comunidades autónomas, que lleguen a un acuerdo para evitar que se pueda titular con materias suspensas y degradar aún más nuestro sistema educativo”, informaba el sindicato en un comunicado de prensa a raíz de su convalidación la semana pasada. En el mismo se indican también que el Ministerio traslada a las Comunidades Autónomas la capacidad de regular los criterios de promoción y titulación, además de recoger, en lo que respecta a la titulación en ESO y Bachillerato, que dicha decisión “no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones.”

Para ANPE, “no se puede dejar al albur de las Comunidades Autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad de modificarlos a los centros y equipos docentes”, agrega el sindicato defendiendo los criterios establecidos en la LOMCE y no los indicados ahora por parte del Ministerio para adaptarse al contexto actual de pandemia existente.

Para Sánchez de la Nieta no es la solución tampoco frente al fracaso o el abandono escolar, sino que, por el contrario, irá en detrimento de la calidad del sistema educativo, dijo.