Representantes de las centrales CCOO y UGT, de la plataforma de organizaciones de discapacitados Cermi y la organización de consumidores Facua plantean que el nuevo decreto no garantiza de modo suficiente la atención a personas con problemas de movilidad en las gasolineras. También advierten de los posibles riesgos de que no haya personal presente en instalaciones con material inflamable como son los carburantes. Así lo han transmitido en una rueda de prensa que ofrecieron este viernes en la sede de CCOO en Toledo.
El secretario regional de Industria de CCOO, Ángel León, advirtió de que el nuevo decreto aprobado a instancias de la Consejería de Desarrollo Sostenible no garantiza los derechos de todos los consumidores, con la vista puesta en los discapacitados y demás usuarios con problemas puntuales o crónicos de movilidad, y favorece despoblación en el medio rural a la vez que destruye empleo. Así, destacó que la pujanza del sector de gasolineras sin personal no supone la creación de puestos de trabajo. Puso como ejemplo que el total de gasolineras en el conjunto de la región casi se han duplicado en cinco años, al pasar de 584 en 2014 a 916 el año pasado. Mientras, el número de empleos en estas estaciones de servicio sólo se han incrementado en una docena, desde los 2.600 empleados registrados en este sector en 2014.
Por su parte, el gerente del Cermi, José Antonio Romero, reprochó a la Junta que haya sacado el decreto permitiendo la pervivencia de las gasolineras sin personal cuando en dos autonomías vecinas, Extremadura y Comunidad Valenciana, sus gobiernos han aprobado norma que obliga a estos surtidores a contar con personal presente de modo diario entre las siete de la mañana y las 10 de la noche. Romero explicó que su organización en el ámbito estatal reclamará la modificación de las directivas europeas que fundamentan la existencia de las gasolineras desatendidas, y afirmó que el emprendimiento no debe favorecerse a costa de mermar la accesibilidad de los discapacitados a los surtidores. También criticó que el decreto sólo prevea un sistema de comunicación por voz entre usuario y empresas en las gasolineras desatendidas, ya que esto margina a colectivos con capacidad de conducir vehículos como los sordomudos.
Desde UGT, su responsable regional de Industria, Carmen Colchón, advirtió que su sindicato defenderá tanto los derechos de los consumidores como los de los trabajadores del sector de la gasolinera a conservar unos empleos dignos. Advirtió que una destrucción de empleo en este ramo por la permisividad de la Junta hacia las gasolineras desatendidas se cebaría especialmente con las mujeres, que representan un 60 por ciento de la plantilla de las estaciones de servicio.
Por parte de Facua, su presidente regional, Paco Ferrer, criticó el plazo de adaptación a las gasolineras al nuevo decreto, unos 18 meses, al considerarlo excesivamente largo. Ferrer incidió en las diferentes normas para un mismo servicio aprobadas por Castilla-La Mancha, por un lado, y Extremadura y Comunidad Valenciana, por otro, que a su juicio se traducirá en una desigualdad de derechos para los consumidores según el lugar donde reposten.
El surtidor accesible es insuficiente.
Preguntados por la principal medida en favor de los discapacitados incluida en el nuevo decreto de gasolineras de la región, la obligación de que todas estas estaciones dispongan de un surtidor accesible instalado a ras de suelo y con su manguera a una altura de entre 80 y 120 centímetros del suelo, todas las organizaciones presentes en la comparecencia la consideraron como insuficiente. Margarita Mena, representante de CCOO en la plantilla de estaciones de servicio, explicó que este tipo de surtidores no arreglarían problemáticas como las de mujeres con un embarazo avanzado o personas con problemas con sus extremidades superiores pero capacitadas para conducir.