El bochornoso y decepcionante espectáculo del cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición -aunque a veces no se sabía quién era quién- indica que es imposible no un pacto de Estado para afrontar la crisis sino el simple diálogo entre uno y otro, imprescindible en situaciones de emergencia. Y revela que algunos están dispuestos a culpar de la crisis a todos los demás sin asumir ni un gramo de autocrítica.

La triste y lamentable apertura del Año Judicial demuestra que a unos y a otros les importa un bledo la independencia de la justicia, su adecuado funcionamiento ni, tan siquiera, la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia y, como deriva o como causa principal, en los políticos. Los poderes del Estado están siendo sometidos a una devaluación democrática, a un deterioro progresivo por lo que pagaremos un alto coste en el futuro inmediato. ¿Serán capaces el presidente del Gobierno y el líder de la oposición de reunirse y llegar a un acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, como les ha exigido, delante del Rey, Carlos Lesmes? Me temo que no. Y eso es de una enorme gravedad.

Pero dicho eso, y con todos los nubarrones que amenazan el nuevo año político y judicial, el curso más importante que empieza en este septiembre es el educativo. Más de ocho millones de alumnos acuden a las aulas no universitarias y pronto lo harán millón y medio de universitarios. Ahí nos estamos jugando no solo el futuro de esos niños y jóvenes, la igualdad de oportunidades para todos ellos, sino, también, el futuro como sociedad. La disminución gradual de la calidad del sistema educativo facilitando la promoción de curso con varios suspensos y la creciente carencia de conocimientos provoca a corto plazo una sociedad empobrecida.

Los estudiantes se enfrentan este curso a nuevas leyes, la octava reforma educativa de la democracia, de nuevo, sin el suficiente debate con los profesores y los padres, sin consenso con el principal partido de la oposición y, de nuevo, tratando de homogeneizar ideológicamente a los estudiantes para someter a los estudiantes a una determinada ética política.

Y se implanta con una enorme improvisación -los currículos estaban sin preparar antes del verano-, diciendo una cosa y regulando lo contrario, sometiendo a los editores de los libros de texto a una enorme presión, asfixiando un poco más a la escuela concertada, empobreciendo la calidad del sistema y reduciendo gradualmente los niveles de esfuerzo para camuflar el fracaso escolar y poder presentar unas estadísticas trucadas. ¿Qué pasará si, a finales de 2023 hay un gobierno de signo contrario? ¿Otra reforma educativa? ¿Por qué pagan profesores, padres y alumnos la falta de consenso?

Que la escuela no debe ser una cancha para el adoctrinamiento es algo que nadie debería discutir, pero no sólo es una filosofía de la Ley Celaá sino que, en algunos lugares, como Cataluña es un instrumento político implantado para conformar una identidad nacionalista hostil a España, contra muchos ciudadanos que quieren que sus hijos puedan estudiar, al menos parcialmente, en castellano, y vulnerando las sentencias judiciales y con el silencio del Gobierno central.

Si la escuela pública no forma, no exige, prima la motivación sobre el esfuerzo, el deber y la responsabilidad y si la formación de los docentes sigue alejada y desconectada de la escuela, no solo preocupa el curso más importante y decisivo socialmente. Si, además, dejamos que las invasivas plataformas sean las eduquen a los más jóvenes, destruyendo el pensamiento crítico, lo que preocupa es el futuro de una generación y el futuro como país.