Si yo estuviera empadronado en Cataluña, y me citaran para ser miembro de una mesa electoral, haría todo lo posible legalmente -y pensaría seriamente en algo ilegal, poco peligroso- con objeto de evitar una obligación ciudadana, que es un deber ineludible, pero que en las actuales circunstancias representa un peligro bastante grave.

La presencia física en una mesa electoral es una larga jornada, que comienza una hora antes de la aperturas de las mesas y concluye dos o tres horas después. Es decir, que permaneces en el mismo lugar, durante 12 o 14 horas, con las únicas liberaciones de las exigencias fisiológicas derivadas del aguante de la vejiga y del esfínter.

Eso es duro, pero hay que afrontarlo, porque es unan exigencia de nuestro sistema democrático. Lo que representa un disparate inmenso, que avecinda con la eutanasia involuntaria, es que esas doce o catorce horas seguidas lleven consigo el riesgo de estar en contacto con cientos de personas, algunas de ellas infectadas del virus, tanto sintomáticas como asintomáticas.

Porque el caciquismo dictatorial de nuestras autoridades incompetentes, prohíbe que mi hijo venga con mis nietas a ver a sus abuelos, por el número de personas reunidas, pero permitirían que sus abuelos -de vivir en Cataluña- se jugaran su salud y su vida, porque al señor Illa se le enfría la merienda si se aplazaran las elecciones que es lo que aconseja el sentido común, el raciocinio y la defensa de la salud colectiva.

Si la egolatría política y el interés electoral pasa por encima de la salud de los ciudadanos, los ciudadanos tienen derecho a defenderse. Yo lo haría. En defensa propia. Y si alguien cree que esto es una incitación al odio o a la rebeldía que vaya a los tribunales y me denuncie, antes de que los dictadores vocacionales arrasen, también, con la independencia judicial.