Lucas es un niño con síndrome de Down. Tiene cinco años y lleva un año matriculado en un centro de educación especial. En apenas un curso, el avance ha sido espectacular, con una mejora evidente en la capacidad de hablar. Sus padres comparan la formación que recibe con la que se imparte en un centro de alto rendimiento. No solo consiguen su desarrollo académico, sino también su inclusión en la sociedad a través de los nuevos amigos que ha conocido, con sus mismas capacidades, limitaciones e intereses parecidos. Cuando aprenden matemáticas o cualquier otra materia lo hacen de una manera personalizada.
Lucía tiene una alteración genética de las denominadas raras. No puede caminar, no puede hablar y no come sólidos. Necesita un entorno de especialistas muy determinado para desarrollar las cuestiones básicas que en cualquier niño de su edad es automático. En el centro en el que estudia, recibe sesiones de fisioterapia que en total suman 4 horas diarias.  
Carmen es una ‘señorita’, como la llama su madre, que padece una artrogriposis con múltiples deformidades articulares. La niña empezó en educación ordinaria y fue un desastre. Cuando pasó a la educación especial, la evolución de Carmen cambió radicalmente. De volver a un centro como en el que estuvo escolarizada al principio, supondría poner en riesgo incluso su vida, porque tiene un traqueo y si le surge un tapón hay que cambiárselo, un procedimiento que un profesor sin conocimientos específicos no sabe realizar.
No conozco a Lucas, a Lucía ni a Carmen, pero este jueves he escuchado a sus padres, Luis, Ester y Carmen, en Los Fósforos de Herrera en COPE. Ninguno de los tres es capaz de imaginarse la vuelta de sus hijos a una escuela tradicional a la que acuden la mayoría de niños. Ellos necesitan terapias y apoyos muy determinados para que sean lo más autónomos posibles y estén integrados en la sociedad. Pero la Ley Celaá pretende vaciar de forma considerable los contendidos y la financiación de los centros a los que acuden sus hijos. El proyecto contempla que, en diez años, los coles ordinarios tengan recursos para atender a alumnado con discapacidad, para lo que comprometen el apoyo de las administraciones. Esto no tranquiliza a los padres que ven cómo se ha creado un problema donde no lo había. ¿Por qué? Porque cuando te rompes la triada, acudes a un traumatólogo, no a un pediatra, ni a un doctor de Medicina General.
Para ponerlo en contexto, la nueva Ley de Educación es la octava en 40 años. Probablemente, cuando pasen esos diez años que marca el texto, no estarán ni Celaá ni Pedro Sánchez en el Gobierno, y una nueva norma -si no lo han hecho antes los tribunales- habrá tumbado el lesivo texto diseñado para contentar a sus socios de Podemos. Ahí se explica buena parte del ataque a la educación concertada. Lo hace eliminando el apartado de demanda social, para que, si los centros públicos no se llenan, se cubra matriculando a niños cuyos padres no quieren llevar a sus hijos a un determinado colegio. Directamente, no nos van a dejar elegir, socavando algo tan elemental como es la libertad.
El propósito es evidente y lo dejó caer de forma indisimulada la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso. «Lo que se está haciendo en los patios de los colegios concertados es adoctrinamiento», dijo Mari Luiz Martínez Seijo. Sería bueno que dijera en qué colegio concertado adoctrinan en los patios. Conozco unos cuantos y, directamente, eso es falso. Pero ahí, la portavoz socialista descubre el auténtico objetivo de la ley. Quieren que los niños se eduquen dentro de su ideario y de su verdad, que consideran única.