Hay alguien en Bruselas que deberá estampar próximamente su firma en unos documentos que serán muy importantes para el campo de la Unión Europea en los próximos años. Alguien que decidirá cómo se desarrolla el futuro de la ganadería, de la agricultura, o del mundo rural hasta 2027, y con qué ayudas. Unos documentos que recogerán qué dinero va destinado a qué prioridades y con qué condiciones a cada uno de los países susceptibles de recibirlas. Un señor de Bruselas que no nos conoce de nada. Ni a usted, y ni mucho menos a mí.
Pero es un señor que debe atender, con argumentos y de manera justa, a las demandas y necesidades de cada uno de esos países primero, que son muchos. Dentro de cada país a cada una de las regiones, con sus propias necesidades e intereses, que también los hay. Y dentro de cada una de esas regiones, que en España somos unas cuantas, escuchar la voz de un sin fin de sectores, cultivos, industrias o áreas agronómicas diferenciadas. Y por último, las demandas políticas.
Imagínense a ese señor, con su equipo, revisando papeles para esbozar ese futuro y se topa con la carpeta en la que pone ‘España’. Dentro tiene 17 apartados, con cada una de las comunidades autónomas, con sus particularidades, donde encontramos variedad y riqueza, eso no se discute, pero con sus propias necesidades. Y en cada una de ellas percibe una discusión política sin resolver. Con partidos de distinta orientación política que exigen tal o cual medida. Que se queja de esto o de lo otro. Pues bien, con esos papeles sobre la mesa, con esas disputas, de ese señor depende que España se beneficie de la nueva política agraria comunitaria (PAC).
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, pidió ayer en el pleno de las Cortes regionales una posición común a los partidos con representación parlamentaria. «No deberíamos tener discrepancias» alegó para poder alcanzar ese acuerdo, al menos dentro de la propia comunidad. Que luego deberá aunarse desde el Ministerio de Agricultura, para que Luis Planas pueda llevarlo empaquetado y compacto, sin fisuras, ante ese señor de Bruselas.
«Nos estamos jugando mucho» llegó a decir Arroyo en sede parlamentaria, ya que la PAC es, según manifestó, la política más importante para agricultores y ganaderos. Es una contribución muy importante a la renta, para el desarrollo del medio rural y para que haya un sector agroalimentario fuerte. No en vano, esta PAC definirá el concepto de agricultor genuino, cómo se van a repartir esos fondos que el campo está esperando, si va a haber o no un techo por explotación –que Arroyo fija en los 100.000 euros–, si habrá pago redisrtributivo, si habrá una convergencia, o si se acabará con los derechos históricos, entre otros.
Arroyo defendió que todas estas son cuestiones que están trabajadas desde hace tiempo, desde 2016 concretamente. «Hemos hecho los deberes» dijo, para que esta negociación cuente con las bases para un acuerdo satisfactorio para la comunidad. Pero tiene que existir esa unidad de acción dentro de la propia región. Unidad con la que defender ante Luis Planas primero los intereses de Castilla-La Mancha, con la fuerza necesaria para sumar al resto de comunidades, o imponerse en su caso, a los de otras que nos puedan ser desfavorables. Y unidad con la que el ministro deberá presentarse ante ese señor de Bruselas. Efectivamente, nos jugamos mucho.