Durante dos días seguidos de la primera semana de abril, tres periódicos del grupo de comunicación Promecal que edita este periódico no pudieron salir a la calle por un ataque informático, afectando también al normal funcionamiento de otras cabeceras. Así lo denunció el pasado martes en un contundente editorial: «Volver a la calle no es solo una forma de insurrección ante la inmundicia, es también nuestro mensaje para subrayar que no nos rendimos», exclamaba. A las dificultades que, en este tiempo de crisis encabalgadas, se enfrenta la prensa de papel, solo faltaba añadir los ciberataques. Sí ha ocurrido con alguna cadena de radio, pero, que se sepa, es la primera vez que sucede en un medio impreso.
Además de la condena moral que toda acción delictiva debe producir, y que pone en cuestión el derecho constitucional a la libertad de expresión, poderes públicos y sector privado deben tomar verdadera conciencia de la gravedad esta otra pandemia digital. La ciberseguridad es todavía una de las asignaturas pendientes, a pesar de lo que se está avanzando. La seguridad y las libertades democráticas, la salvaguarda de la privacidad del gran volumen de información y datos que generamos es un desafío que me parece no atisbamos siquiera los que vivimos fuera de ámbitos tecnológicos profesionales, solo sea como usuarios de móviles y ordenadores, o más o menos compulsivos compradores ‘online’.
Se desconocen, por lógicos motivos de confidencialidad y seguridad nacional, muchos de los miles de ciberataques que se producen cada año en España, aunque sí llegan a trascender algunos. Como el hackeo, en 2019, a las cuentas profesionales y personales de los cuatro fiscales del Supremo y los siete magistrados del procés independentista. Y sin ir muy lejos, el ataque que el 9 de marzo sufría en toda España el estatal Servicio Público de Empleo, que afecta lógicamente al normal trámite de las prestaciones (dígase también, según se ha publicado, que el Ministerio de Trabajo, del que depende este organismo, no quiso que las consultoras más especializadas en ciberseguridad dieran apoyo para recuperarse cuanto antes).
Las infraestructuras consideradas críticas o estratégicas, como son las energéticas, embalses, telecomunicaciones, sistema financiero y tributario, transporte, alimentación, sanidad (especialmente en esta interminable pandemia), por supuesto el ámbito de la defensa y la inteligencia, son ya motivo de especial protección, para evitar, detectar y responder a esta moderna criminosidad informática, de la que no estamos nadie a salvo, ni el negocio más pequeño, y tan globalizada como el mundo en que vivimos. Pongámonos a cubierto.Además de la condena moral que toda acción delictiva debe producir, y que pone en cuestión el derecho constitucional a la libertad de expresión, poderes públicos y sector privado deben tomar verdadera conciencia de la gravedad esta otra pandemia digital. La ciberseguridad es todavía una de las asignaturas pendientes, a pesar de lo que se está avanzando. La seguridad y las libertades democráticas, la salvaguarda de la privacidad del gran volumen de información y datos que generamos es un desafío que me parece no atisbamos siquiera los que vivimos fuera de ámbitos tecnológicos profesionales, solo sea como usuarios de móviles y ordenadores, o más o menos compulsivos compradores ‘online’.
Se desconocen, por lógicos motivos de confidencialidad y seguridad nacional, muchos de los miles de ciberataques que se producen cada año en España, aunque sí llegan a trascender algunos. Como el hackeo, en 2019, a las cuentas profesionales y personales de los cuatro fiscales del Supremo y los siete magistrados del procés independentista. Y sin ir muy lejos, el ataque que el 9 de marzo sufría en toda España el estatal Servicio Público de Empleo, que afecta lógicamente al normal trámite de las prestaciones (dígase también, según se ha publicado, que el Ministerio de Trabajo, del que depende este organismo, no quiso que las consultoras más especializadas en ciberseguridad dieran apoyo para recuperarse cuanto antes).
Las infraestructuras consideradas críticas o estratégicas, como son las energéticas, embalses, telecomunicaciones, sistema financiero y tributario, transporte, alimentación, sanidad (especialmente en esta interminable pandemia), por supuesto el ámbito de la defensa y la inteligencia, son ya motivo de especial protección, para evitar, detectar y responder a esta moderna criminosidad informática, de la que no estamos nadie a salvo, ni el negocio más pequeño, y tan globalizada como el mundo en que vivimos. Pongámonos a cubierto.