Visto así: una ley que permite a los ayuntamientos disponer de sus ahorros y remanentes para poder dedicarlos a las prioridades de cada municipio, supone una medida de beneficios incontestables. Son muchos años los que los ayuntamientos de este país, desde 2012 por la ley de estabilidad presupuestaria, que no pueden disponer de esos recursos que mantienen ahorrados por el hecho de tener que vigilar con lupa no incurrir en déficit, porque las consecuencias serían aún peores.
Es por eso, y por la buena gestión de las entidades locales, que los consistorios han conseguido «sujetar» el gasto, aún a riesgo de no poder ofrecer a sus ciudadanos sus necesidades más básicas, por lo que han llegado a acumular millones de euros que ahora no pueden gastar. Algo que ha sido más necesario que nunca con una crisis sanitaria en la que han tenido que hacer frente a gastos más allá de sus competencias, como han venido denunciando algunos alcaldes. La propia alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, abanderó hace escasos días en la sede de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) la postura a favor del reparto de esos recursos.
Ayer el Congreso de los Diputados tumbó esa posibilidad, porque había una condición que no ha terminado de explicarse del todo. Los ayuntamientos debían ceder «voluntariamente» esos remanentes al Estado para que éste pudiera dar un anticipo a fondo perdido del 35 por ciento de esos ahorros. Esa cláusula provocó una rebelión local a la que no ha podido hacer frente la exigua mayoría que facilitó el gobierno de coalición en el Congreso. Es una de las debilidades que ha puesto de manifiesto la votación de este Real Decreto, y que anticipa otras muchas derrotas de esta coalición, como la que se ve ya en el horizonte con los presupuestos generales del Estado.
El resultado inmediato es que los ayuntamientos se quedan, aún teniendo que ceder sus ahorros, sin liquidez para poder hacer frente a sus necesidades más imperiosas. Seguro que se las apañarán, siempre lo han hecho. Los ayuntamientos se han mostrado en las duras y las maduras como los mejores gestores de los recursos públicos. Siempre han administrado la escasez. Pero tiene gracia que los que más se han quejado hayan sido los que promovieron aquella ley de estabilidad que hoy les impide, también a ellos, acceder a esos fondos.
A futuro, la lectura sigue siendo la de la frágil estabilidad o difícil equilibrio que debe mantener este gobierno donde una ligera brisa en el Congreso, ya sea nacionalista, independentista, soberanista o egocentrista puede hacer bascular una idea y tumbar una ley de esa envergadura. Es el primer varapalo de envergadura que se lleva esta primera coalición española, y parece que no será el último, lo que nos vuelve a poner en la tesitura de si, como quiere Pedro Sánchez esta será una legislatura «larga y fructífera», o será una inerme pérdida de tiempo gastar tres años en «un quiero y no puedo».