COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Evaluación internacional

12/08/2020

La iniciativa lanzada por una veintena de prestigiosos especialistas sanitarios españoles a través de la revista The Lancet para que se realice una evaluación internacional sobre la respuesta del Gobierno central, los autonómicos y el sistema sanitario español en su conjunto al abordar la epidemia de la COVID-19 ha sido respaldada por medio centenar de sociedades científicas españolas y por el propio Ejecutivo a través del director de emergencias, Fernando Simón, que la consideró deseable. Quizá esa visión exterior sea capaz de desvelar por qué España ha resultado ser el país con más contagios de Europa, el que se encuentra entre los que tienen mayor número de muertos, las causas por las que el virus se ha cebado con tanta virulencia en las residencias de mayores, y por qué el sistema sanitario ha estado al borde del colapso.
Si, como es previsible, esa comisión encargada de realizar del estudio tardará en crearse, quizá puedan concluir en el estudio las causas por las que España vuelve a ser el país en el que los rebrotes se están produciendo en mayor número, aunque la relajación en el cumplimiento de las instrucciones sanitaria, las actitudes insolidarias e inconsecuentes de determinadas personas y los gobiernos de algunas comunidades autónomas que no han cumplido los compromisos adquiridos en la contratación de los rastreadores encargados de la trazabilidad de los contagios pueden explicar muchos datos preocupantes. Las comunidades autónomas donde la epidemia ha tenido más rebrotes y más extensos han sido aquellas en las que menos expertos se han incorporado a los servicios de atención primaria para hacer el seguimiento de los infectados hasta su aislamiento.
Pese a que la intención de los expertos que solicitan la evaluación externa es que su realización o sus conclusiones no sean motivo de una nueva pugna política, sino que se trata de identificar errores en la gestión y mejorar la respuesta sociosanitaria ante nuevas epidemias, es un desiderátum imposible de cumplir. La oposición apoyó a regañadientes las prórrogas del estado de alarma hasta que dejó de hacerlo, afirmó que había legislación alternativa a esa medida de excepción para darse cuenta de que no era así, y pide ahora una nueva recentralización de la gestión en el Gobierno central cuando sus baronías reclamaban autonomía para pasar de fase lo más rápidamente posible, mientras que los adalides de la independencia han fracasado en el primer momento para hacer frente a los rebrotes aunque estaban avisados. 
El caso de la Comunidad de Madrid fue paradigmático. Si durante el confinamiento la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en el azote del Gobierno de coalición, los vaivenes que ha dado con respecto a la contratación de los rastreadores han demostrado que no ha estado a la altura de las circunstancias exigibles. En primer lugar, no ha contratado a los que dijo que iba a contratar; luego pidió voluntarios sin paga para ser rastreadores para, por último, privatizar ese servicio deprisa y corriendo porque, dice, no tiene capacidad para formar a quienes deben hacer esas gestiones.  Ha tenido cuatro meses para prepararse. Una forma de actuar muy ideológica que en este caso, merece una evaluación singular.