Los partidos catalanes han acordado aplazar la celebración de sus elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero próximo. No ha habido, sin embargo, coincidencia plena en la fecha elegida ya que el PSC pretendía celebrarlas en marzo en tanto que los independentistas han optado por posponerlas hasta el 30 de mayo. Una decisión controvertida que evidencia el uso político que la mayoría de las formaciones están haciendo de la pandemia. Una iniciativa criticable, una manipulación rechazable.
Si hubieran querido, se habría podido. Es cierto que la llamada ‘tercera ola’ arroja cifras de contagios muy inquietantes en toda España, y muy en particular en Cataluña. Pero no es menos cierto que la Generalitat no ha puesto en marcha plan alguno para que la convocatoria a las urnas estuviera exenta de mayores problemas sanitarios. Durante todas las Navidades, en Cataluña se ha podido llevar a cabo una vida social más o menos laxa, con las meras limitaciones que hacen al caso. De haber querido, podría haberse diseñado una estrategia de control para llegar a las urnas con unas mínimas garantías. Ni se ha intentado. Un colegio electoral es más seguro que una terraza o que un domicilio particular navideño tomando el pavo con no convivientes.
Los independentistas han pretendido frenar el llamado ‘efecto Illa’, es decir, el tirón electoral del ministro de Sanidad, que ejerce también, inopinadamente, de candidato socialista. El PSC pretendía aplazar los comicios a marzo, como muy tarde, para que tal tirón no se apague o no corra riesgos. Incluso amaga con recurrir legalmente la fecha. Parece que sin demasiadas posibilidades.
Sea lo que fuere, esta polémica de las fechas evidencia que los políticos catalanes, posiblemente entre los más indignos de España (salvo gloriosas excepciones en el constitucionalismo) no han pensado en la pandemia, esto es, en la salud de sus conciudadanos, sino tan sólo en sus meros intereses electorales a la hora de adoptar esta decisión. Una vergüenza superlativa.