Febrero de 2010. Más de 10.000 personas se manifestaban por las calles de Guadalajara para gritar no al cementerio nuclear. Una localidad alcarreña, Yebra, con criterios técnicos y económicos, se había postulado para acoger un almacén temporal centralizado que albergaría los residuos nucleares de España. ¿Es que un municipio de medio millar de vecinos tiene o tenía la suficiente autonomía para decidir una cuestión de repercusión nacional? Así se contempló en una subasta abierta por el Gobierno de Zapatero que resultó enfrentando a todo quisqui por no asumir una decisión de su competencia, pero completamente impopular. José María Barreda, como presidente de Castilla-La Mancha, se puso al frente de la delegación de la Junta de Comunidades en esa marcha. «Tiene que ser el viento, tiene que ser el sol y tiene que ser la biomasa. Esa es nuestra apuesta», clamaba Barreda. El PSOE tocó el silbato y no faltó casi nadie. Había que afear a Cospedal que no participara en una manifestación en la que quedaron a la vista las vergüenzas del PP, sin excesiva claridad en este asunto. Mientras se postulaban como pro nucleares, dejaban vendido a un alcalde de su propio partido que se desgañitaba en informar sobre las ventajas que él creía iba a tener esta instalación para toda la comarca. Bondades seguras argumentadas en un exhaustivo informe técnico.
Noviembre de 2021. Los desechos nucleares siguen custodiados en un almacén de la casi desmantelada nuclear de Zorita y en el ATI de Trillo. Al actual presidente de Castilla-La Mancha y a los que aquel día se manifestaron por las calles de Guadalajara -algún cargo del PP provincial incluido- no se les ha escuchado ni media preocupación por esta instalación, que es completamente segura, pero sin los avances tecnológicos que iba a incluir el almacén temporal para el que se postuló Yebra. Como si estos residuos fueran algo así como el chocolate que se elabora en la fábrica que cautivó al bueno de Charlie. Como si el uranio gastado fuera tan inofensivo como las gominolas que se venden en cualquier tienda de chuches.  
Diciembre de 2011. El consejo de ministros decide construir el ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas. Fue una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy, que apenas un par de semanas antes había arrasado en las elecciones en las derrotó al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo del ATC llevaba aprobado por el Congreso de los Diputados desde 2004. Pero el Gobierno de Zapatero estiró la cuestión para ver si encontraba el momento en el que el atragantamiento fuera menos severo. Entonces nos contaron que cada día que pasaba, cada día que transcurriera sin que en España se construyera ese ATC, a todos los españoles nos constaba al día 60.000 euros, dinero que pagábamos a Francia para que nos guardara una pequeña parte de los residuos de la central de Vandellós I. Esa cantidad ha ido aumentando, con penalizaciones incluidas, hasta superar de lejos los 100 millones de euros en lo que llevamos de año. ¿Cuándo van a devolver ese material radiactivo? Pregunta sin respuesta. Sigamos pagando, mientras en Guadalajara ya no molestan los residuos nucleares que continúan almacenados tanto en Trillo como en Zorita.
Noviembre de 2021. El presidente francés anuncia la construcción de nuevas centrales nucleares. No especifica mucho más, pero la apuesta del país vecino por este tipo de energía es clara. En España hay 47 millones de habitantes y 7 reactores. En Francia, tienen una población de 67 millones de habitantes y cuentan con 56. El desfase es evidente. Aquí ni se plantea reabrir el debate nuclear. Preferimos seguir comprando energía. La venta de luz de Francia a España se sitúa en máximos históricos. Como tu recibo de la luz. Por si a alguno le da por pensar más allá del sol, del viento y de la biomasa.